¿Es legítima la huelga de los letrados de la Administración de Justicia?

Este cuerpo de funcionarios está ejerciendo una huelga indefinida desde el 24 de enero de 2023, que es legal .

Dicho esto, me pregunto: ¿es legítima? Antes de contestar a esta pregunta, hay que decir que los letrados de la Administración de Justicia, así  llamados desde 2015 –antes secretarios judiciales– son unos privilegiados sociales, como todos los funcionarios. Hasta los de menor rango administrativo.

Por los motivos que, a continuación explico, sin ninguna animadversión. Todo lo contrario. Porque he sido funcionario de carrera de 4 cuerpos distintos del Estado, durante casi 30 años; mi abuelo, además, fue secretario judicial.

Recientemente me jubile al cumplir los 65 años. Ahora soy abogado ejerciente.

Digo y afirmo que los funcionarios –todos– son privilegiados sociales. Porque tienen un trabajo y un sueldo fijo vitalicio asegurado. Un salario mayor o menor, según su cuerpo de pertenencia y funciones. Esto es un hecho incontrovertido.

Además, pueden pedir la excedencia voluntaria si así lo desean para trabajar en el sector privado, gozando de los llamados  servicios especiales en casos como cuando se pasan a la política, con el privilegio de las puertas giratorias, que les permite volver a la Administración Pública.

Sin olvidar que tienen una pensión de jubilación generalmente superior a la de otros pensionistas.

Por todo eso digo que son ciudadanos privilegiados, si bien hay que reconocer que se lo han ganado gracias a duro esfuerzo, estudiando, y tras una oposición en lucha muy competitiva con otros pues hay muchísimos más aspirantes que plazas.

Precisamente por el deseo de tener un trabajo fijo vitalicio, sobre todo en estos tiempos de crisis laboral.

Por eso, siempre me han parecido poco justificadas las huelgas de los funcionarios, sean del cuerpo que sean y el Gobierno al que se la hagan.

Personalmente, me negué a participar en dos de ellas, siendo funcionario en activo y con gobiernos de diferentes signo.

Normalmente las huelgas además las suelen convocar los liberados sindicales, privilegiados al máximo. Porque están exentos de cumplir sus funciones con la consiguiente carga para sus compañeros. Un escándalo la regulación actual de los llamados liberados sindicales, muy politizados, además, entre otros motivos por las subvenciones que reciben.

ENVIDIAS

Entre los cuerpos funcionariales son habituales las envidias, por motivos salariales o de rango, y el clasismo, que suele ser bastante habitual.

 Este es el contexto en el que tiene lugar la huelga de los LAJ.

Es ya momento de contestar a la pregunta que he planteado al comienzo de mi columna: ¿es legítima la huelga de los LAJ?

Para ello hay que examinar la intención, las consecuencias y los medios empleados en la huelga.

En cuanto a su intención hay que distinguir la petición de mejoras laborales, que pueden ser razonables si redundan en beneficio de la función pública, pero que no son urgentes.

Y, de otro lado, lo verdaderamente importante, y es que sus exigencias son fundamentalmente económicas. Es algo de mero interés particular para ellos.

Pretenden la modificación de sus retribuciones económicas para adecuarlas a las referentes a las de la Carrera Judicial en proporción a sus responsabilidades profesionales, aumentadas desde 2009 .

Es verdad que se les han incrementado respecto a la llamada Oficina Judicial y al funcionamiento del sistema procesal.

Con ello se les ha dotado de un contenido razonable de funciones, que antes eran de marcado cariz pasivo, de fedatario judicial, para reservar a los jueces y magistrados –como lo es lógico– la función resolutiva, la de mayor responsabilidad.

Por ello resolver y también interesar la actuación de la ley, función de los fiscales no puede compararse en responsabilidad, con la muy importante de la tramitación, pero de un nivel cualitativo distinto.

PERJUICIOS

En cuanto a las consecuencias de la huelga, es evidente que está causando graves perjuicios injustificados, no solo a los abogados, como puso de relieve en esta publicación la colega Lourdes Pulido, en especial a los abogados del turno de oficio, que no pueden justificar y, por tanto, cobrar su trabajo. O a los procuradores.

Pero de un modo especial –y lo más grave– a los ciudadanos, que ven cómo se están retrasando, aún más, la resolución de sus problemas  jurídicos, personales y económicos, lo que ya se está percibiendo como un «problema nacional».

En cuanto a los medios, si bien son pacíficos, como no podía ser menos, no han escuchado la voz de los representantes políticos de los ciudadanos oponiéndose a lo que consideran una injustificada reivindicación económica en estos momentos.

En especial cuando están en fase de gestación en el Congreso de los Diputados los llamados proyectos de eficiencia: organizativa (que modifica fundamentalmente la Ley Orgánica del Poder Judicial), procesal (que reforma las cuatro leyes procesales de los diferentes órdenes jurisdiccionales) y digital (que plantea las medidas de apoyo para que los avances tecnológicos sean efectivos).

Tres futuras leyes que, por lógica, cambiaran el terreno de juego, las tareas de los funcionarios y los salarios. Sobre todo, teniendo en cuenta que en los próximos años entre un 35 y un 50 % de los funcionarios se van a jubilar.

La apuesta del Estado es por la modernización a través de la digitalización de los procesos. Todo va a cambiar en la Administración de Justicia.

¿Se han preocupado los LAJ de pedir la adecuación a la realidad  de las leyes que exigen su presencia en actuaciones en qué no pueden estar, pues carecen del don de la ubicuidad y que si estuvieran se paralizaría la actividad procesal? Con ello se da la consecuencia actual de documentar presencias que no son verdaderas.

¿Y se han preocupado de implementar la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia en temas tan importantes como avisar de las suspensiones de actuaciones o de dar explicaciones por las demoras de la actuaciones procesales?

Y saben los LAJ que su incremento salarial del 14,76 % en 2023 es muy superior al de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles?

¿Y olvidan sus ventajas en el acceso a la Carrera Judicial?

¿Es legítima la huelga de los LAJ?

Que cada cual saque sus conclusiones.

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