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Caso Francisco Javier Lara: un magnífico ejemplo de cómo malgastar el dinero de los contribuyentes

Caso Francisco Javier Lara: un magnífico ejemplo de cómo malgastar el dinero de los contribuyentes
Francisco Javier Lara ha sido durante ocho años decano del Colegio de Abogados de Málaga. Su responsabilidad al frente de esa corporación de derecho público, el día que sucedieron los hechos, está en el origen de esta condena que el columnista considera injusta. Pero va más allá, el juicio no tenía que haber tenido lugar.
28/7/2023 13:26
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Actualizado: 29/7/2023 09:29
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Cuando los seres humanos analizamos lo que sucede solemos tender siempre a objetivarlo todo. Lo desposeemos de su almendra central: el factor humano. Precisamente lo que explica el origen las cosas. Porque siempre hay un ser humano detrás.

El caso de Francisco Javier Lara, decano emérito de la Abogacía de Málaga (como ha sido rebautizado el Colegio de Abogados de esa capital) no es diferente.

El factor humano está en el centro de este conflicto que se generó el 6 de mayo de 2020, pero cuyo origen se encuentra cuatro días atrás, el 2 de mayo, en un lugar del ciberespacio.

Aquel día Lara, máximo responsable de esta corporación de derecho público malagueña, mantuvo una discusión, a través de la red social Facebook, con un magistrado, Pedro Molero Gómez, destinado en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga.

Fue a propósito de la idea que el Colegio de Málaga estaba valorando: realizar una huelga los 11 primeros días de agosto de ese año 2020 para protestar contra la decisión del entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de hacerlos hábiles para paliar los efectos de la pandemia.

Molero Gómez criticó al decano y al Colegio de Abogados de Málaga. Y Lara le recordó que no era ni el espacio ni el momento para debatirlo. Pero fue más allá: no era la función de un magistrado meterse de esa forma en aquellas arenas.

Otras abogados, que entraron en ese chat, criticaron también a Molero Gómez, por lo mismo.

Una discusión en la que también tomó parte su esposa Estela Gómez, titular del Juzgado de Instrucción 10 de Málaga, si bien, no llegó a cruzar palabra con Lara.

Gómez Giner fue la que denunció a Lara por desobedecerla al negarse a enviar a cuatro abogados del turno de oficio a asistir a otros tantos detenidos el «día de autos», como se suele decir en el suajili jurídico.

El contexto, ya lo he explicado con anterioridad, es muy importante para entender este juicio, que jamás tenía que haberse producido por el daño que está haciendo tanto a la justicia como a la fiscalía como a la propia abogacía.

Un juicio que ha devenido en una sentencia, servida por la magistrada Montserrat Cortés López, del Juzgado de lo Penal 15, que ha condenado a Lara a una multa de 12 meses de multa (5.400 euros) por un delito de desobediencia grave al negarse a enviar a a cuatro abogados de oficio a los calabozos en plena pandemia de COVID-19.

«¿Qué la fiscalía ha acusado al decano del Colegio de Abogados de Málaga por proteger a los suyos en pleno COVID-19, cuando no se conocían remedios, y que la justicia lo ha condenado? Están locos. ¿Cuánto nos cuesta esto a los contribuyentes? Con una justicia colapsada, ¿se entretienen en celebrar juicios como este?», me comentaba ayer un conocido abogado madrileño que ha seguido el caso desde la distancia.

LA NAVAJA DE OCKHAM

Nadie que tenga un par de dedos en la frente lo entiende. Explicado desde ese proceso de objetivización del que hablaba.

Aquellos polvos son la consecuencia de estos lodos, desde mi punto de vista. Como establece la navaja de Ockham, «de todas las explicaciones posibles, la más simple es siempre la más probable».

Este es el origen de este conflicto generado en un tiempo de histerismo generalizado en el que los españoles no podíamos saber si iba a haber un mañana. El Covid-19 nos acechaba a todos.

Lara, un ser humano particularmente empático, tuvo muy claro que había que proteger a «sus abogados». No iba a mandar a ninguno de ellos a asistir personalmente a ningún detenido en esas condiciones, así, a pecho descubierto.

Había un protocolo, medios para asistir a distancia…

De hecho, la juez de instrucción iba a seguir las declaraciones de los detenidos desde su despacho, telemáticamente. A diferencia de los abogados.

«Prefiero sentarme en el banquillo que mandar a mis compañeros al matadero», repitió varias veces después de aquello. Había medios para evitar esa circunstancia del contacto físico que él entendía que pretendía la magistrada.

Su abogado, José Javier Polo, exfiscal jefe de Madrid y exfiscal de la Audiencia Nacional, ahora en el despacho GVA Gómez-Villares & Atencia, evitó entrar en esos lodos en su defensa, durante el juicio, que tuvo lugar a principios del pasado mes de junio.

Pero quedaron patentes cuando la magistrada Estela Gómez Giner declaró como testigo.

Durante los 30 minutos que duró su deposición evitó, de forma expresa, utilizar el nombre de Francisco Javier Lara.

Se refirió a él en varias ocasiones por el pronombre personal «él». Nada de señor letrado, o señor abogado o señor decano, que sigue siéndolo, emérito, pero el tratamiento le pertenece. Los polvos de estos lodos.

La causa que luego se ha articulado contra Lara se podría haber evitado hablando.

UN FALLO GENERALIZADO

Y aquí han fallado todos.

Desde el juez decano, José María Páez, el fiscal jefe del momento, Juan Carlos López Caballero –cuya relación con Lara durante sus ocho años de decano tuvo sus altos y bajos pronunciados–, la magistrada denunciante, que se enceló en que la denuncia siguiera su curso hasta la celebración de este juicio, y el propio decano emérito, aunque en menor medida.

Porque si algo tiene Lara es que es un hombre que sabe escuchar y corregir el rumbo cuando se considera necesario. Y también defenderse. No en vano su prestigio personal y profesional es reconocido «urbi et orbi» en España.

Por eso su condena ha vuelto a levantar una ola de solidaridad entre los suyos, los miembros de de la abogacía.

Otra vez Fuenteovejuna. Otra vez, «Lara somos todos».

Entienden que la sentencia haya tenido este sentido. «¿Cómo iba a absolver la magistrada a Javier Lara? Si lo hubiera hecho habría supuesto la evidencia de que había habido dolo en la denuncia de su compañera. Y, como se suele decir, entre bomberos no nos pisamos la manguera, ¿no?», opinaba ayer una compañera del turno de oficio de Lara, en Madrid.

El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, sintetizó muy bien su opinión en una frase contundente: «El derecho penal no está para condenas de este tipo».

Nicolás González-Cuéllar, catedrático de derecho procesal, abogado y presidente de la Sección de Derecho Procesal del ICAM, que suscribe las palabras de su decano, ha avanzado que dedicará la primera sesión a tratar este asunto en el marco del debate sobre medidas de protección de la defensa ante abusos institucionales.

El presidente de la Confederación Española de Abogados Jóvenes, Alberto Cabello, calificó la sentencia de «bochornosa».

El Colegio de Málaga, cuyo decano es Salvador González, hizo un comunicado apoyando a su decano emérito, en la confianza de que el recurso de apelación sobre el que Polo está ya trabajando ponga las cosas en su sitio: porque la decisiones que tomó la Junta de Gobierno que presidía Lara fueron «bienintencionadas y en defensa de la salud de los abogados de oficio».

Un comunicado al que se adhirió primero el Consejo Andaluz de Colegios que Abogados, que representa a los 11 corporaciones de derecho público de la Comunidad Autónoma, y después el Consejo General de la Abogacía Española, en el que están representados los 83 colegios de abogados de toda España.

Igualmente, de modo individual, se solidarizaron con Lara, mostrando su disconformidad patente, el Colegio de la Abogacía Alavesa, los colegios de Cartagena, Lorca y Murcia, y la Asociación de Letradas y Letrados por un Turno de Oficio Digno.

Todos en la misma línea.

La cosa ha quedado clara en el «partido de ida».

Ahora queda el de vuelta, el que se jugará en la Audiencia Provincial de Málaga. ¿Se impondrá la lógica? ¿Volverán las aguas a un cauce del que no deberían haber salido jamás?

Porque si Francisco Javier Lara es culpable de algo es de amar su profesión sobre todas las cosas y de proteger a sus compañeros hasta el final.

Jamás hubo intención de desobedecer. Lo que hubo fue una clara intención de proteger a los suyos, padres y madres, responsables de familias, para evitar que se contagiaran de una enfermedad ante la que, entonces, no había remedio alguno.

Protegerles de lo que entendió que podía ser una muerte segura en un lugar tan insalubre como los calabozos de la Ciudad de la Justicia.

¿Por qué nadie apreció este matiz desde el minuto y evitó que aquellos polvos se convirtieran en estos lodos?

El factor humano siempre lo explica todo. Pero no nos queremos dar cuenta.

Es más cómodo.

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