“Aprobar la ley de Amnistía que exigen los partidos separatistas a cambio de apoyar la investidura del candidato socialista a la presidencia del Gobierno, supondría un ataque directo a la Democracia, a la Constitución y al Estado de Derecho, así como un desprecio a la Policía”. Así lo advierte Aarón Rivero, secretario general del sindicato Jupol, el mayoritario en la Policía Nacional.
Denuncia que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende con esta ley “perdonar un golpe de Estado, como el que se intentó llevar a cabo en Cataluña el 1 de octubre de 2017, y advierte de que de hacerlo, constituiría “un golpe en el que se dinamita el actual Estado de Derecho y la División de Poderes”.
Además, destaca que la pretendida ley de amnistía implicaría “un menosprecio absoluto a los 10.000 policías que se trasladaron a Cataluña en octubre de 2017, que acudieron a esta comunidad autónoma a cumplir un mandato judicial y a defender la unidad de España”.
“Por cierto, en unas condiciones pésimas de trabajo, hacinados en barcos, expulsado de los hoteles y con una absoluta desprotección por parte del Gobierno”, agrega.
Aarón Rivero pone el foco en que actualmente hay 45 policías imputados por lo ocurrido en Cataluña, los únicos pendientes de la Justic ia, “por un delito que no cometieron”, mientras que los organizadores y promotores del intento de golpe de Estado están indultados por el Ejecutivo y a la espera de que esta ley de amnistía despenalice sus acciones de manera permanente.
El secretario general de Jupol señala que esta ley también supondría un menosprecio para los cientos de policías que resultaron lesionados el 1-O en Cataluña, así como para los que posteriormente fueron heridos en las revueltas de 2019, entre ellos cuatro agentes de la Policía Nacional que han tenido que ser jubilados por las lesiones sufridas en estos días.
LEY INCONSTITUCIONAL
Jupol hace hincapié en que la ley de amnistía que “prepara el Gobierno de España con el único interés de contar con los votos de los independentistas catalanes para la investidura de Sánchez”, es claramente inconstitucional, ya que nuestra Constitución prohíbe expresamente en su artículo 62 los indultos generales.
Además, subraya que la misma iría contra el artículo 14 de la Carta Magna, que indica que todos los españoles somos iguales ante la Ley.
“Una premisa que quedaría completamente dinamitada si sale adelante esta nueva ley de amnistía, en la que se favorece claramente a unas personas sobre otras en relación al cumplimiento del actual ordenamiento jurídico”, concluye.
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