Ramón Rodríguez Arribas: “Dar concesiones a Puigdemont supone apoyarse en un forajido para cometer una felonía”
Rodríguez Arribas analiza en Confilegal la situación política actual y el estado de la Justicia en España. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

Ramón Rodríguez Arribas: “Dar concesiones a Puigdemont supone apoyarse en un forajido para cometer una felonía”

El vicepresidente emérito del TC advierte de que el Estado de Derecho sólo se mantiene si se respeta la separación de poderes y el imperio de la ley
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16/9/2023 00:45
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Actualizado: 15/9/2023 23:08
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“Dar concesiones a Puigdemont supone apoyarse en un forajido para cometer una felonía”. Así lo sostiene Ramón Rodríguez Arribas, vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional (TC).

En esta entrevista, Rodríguez Arribas analiza qué supondría que se dictase la ley de amnistía, exigencia de los partidos separatistas a cambio de apoyar la investidura del candidato socialista a la presidencia del Gobierno. 

También se pronuncia, entre otras cuestiones, sobre la ley del sólo sí es sí, que ha provocado la reducción de 1.155 condenas y la excarcelación de 117 agresores sexuales.

Y sobre si cree que el tribunal de garantías tiene actualmente el prestigio que debería tener. O no.

Ramón Rodríguez Arribas (Madrid, 1934), socio director y fundador del bufete Rodríguez Arribas Abogados, pasó a ejercer la abogacía tras 52 años de ejercicio en la carrera judicial, llegando a ser magistrado del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, donde sirvió nueve años, entre 2004 y 2013, y entre 2012 y 2013 fue el vicepresidente.

Fue el primer español que presidió la Unión Internacional de Magistrados (UIM), órgano consultivo de las Naciones Unidas. 

Desde su reorientación al mundo de la abogacía de empresa, asesora como letrado externo a despachos de abogados, empresas y empresarios, nacionales y multinacionales, en distintos ámbitos como el mercantil, el administrativo (tributario) y el constitucional.

Se han rebajado las penas por malversación y borrado el delito de sedición del Código Penal, se han concedido indultos a cambio de votos y se está negociando con un fugado de la justicia la impunidad de aquellos que atacaron el Estado de Derecho. ¿Está en peligro el Estado de Derecho en España?

No ha sido suficiente el haber bajado la pena de la malversación, el haber suprimido prácticamente la pena de la sedición y el haber indultado a los autores del golpe de Estado de 2017. 

Ahora, lo que pretenden los separatistas catalanes, con ciertos apoyos asombrosos, es que el Estado español, las instituciones jurídicas del Estado, pidan perdón por haber tenido el atrevimiento de haber aplicado la Constitución y el Código Penal a los delitos cometidos. 

Realmente, ya es una cosa tan absolutamente inaceptable que solamente tener que hablar de ello humilla.

«Hemos llegado a un punto en el que las ideologías están por encima hasta del sentido común y ese es el camino del caos». Así lo afirma Ramón Rodríguez Arribas, y apunta que «en el caos nunca ganan los buenos». Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

La presidenta de la asociación mayoritaria de jueces, María Jesús del Barco, subraya que “el Estado de Derecho sólo se mantiene si se respeta la separación de poderes y el imperio de la ley”…

Estoy completamente de acuerdo con ella.

El Estado de Derecho no es una entelequia. No es una cosa de la que se hable, pero no tenga reflejo real en la vida corriente. 

Los ciudadanos normales distinguen estar en un Estado de Derecho o no. 

Por ejemplo, en un Estado de Derecho, a la pregunta de si algo es o no legal, cuando no lo es, no se hará.

En cambio, los que están fuera del Estado de Derecho a esa pregunta, aunque la respuesta fuera que no es legal, seguirían adelante, no les importa. Esa es la diferencia.

Y esto no es una cosa que afecte a las grandes instituciones solamente, que también, sino que afecta al ciudadano que va por la calle y se puede encontrar atropellado sin posible defensa. 

¿Qué opina de que se puedan dar concesiones, la impunidad, al prófugo Puigdemont, procesado por graves delitos y fugado en un maletero? Con tal de mantenerse en el poder.

Es apoyarse en un forajido para cometer una felonía.

¿Qué supondría la ley de amnistía? 

Reconocer públicamente ante Europa y ante el mundo que nuestro Estado de Derecho no lo fue durante un tiempo pasado reciente y que aplicó leyes injustas y castigó como delito conductas que no deben ser objeto de condena.

Esto es un reconocimiento público, y además embustero, porque no es verdad que el Estado de Derecho en España fracasó y durante un tiempo no se aplicó o no era el perfecto Estado de Derecho que tenemos. 

¿Cómo podemos llegar a esta humillación? ¿Cómo podemos hacer este papel ante Europa? Resulta absolutamente impresentable.

¿Confía en que el Gobierno se mantenga dentro de los límites o ya no espera nada? 

La esperanza es lo último que se pierde, aunque desgraciadamente, los acontecimientos recientes la han mermado mucho. 

Pero creo que en un último minuto… Espero que haya alguien en el seno del Gobierno que en lugar de pensar en los intereses propios, del partido o del grupo, acabe pensando en los intereses del resto de los españoles y sobre todo, en la dignidad del Estado. 

Si eso se produce, pues habrá un cambio y una solución al problema. 

“Espero que haya alguien en el seno del Gobierno que en lugar de pensar en intereses propios, del partido o del grupo, acabe pensando en los intereses del resto de los españoles y sobre todo, en la dignidad del Estado”

¿Las instituciones europeas deberían tomar cartas en el asunto y no mirar para otro lado ante la situación que atraviesa este país, que actualmente ostenta la Presidencia rotatoria del Consejo?… No hay estado de la Unión sin Estado de Derecho.

Sería bueno que lo hicieran, pero no confío en que lo hagan. 

No lo ha hecho en otras ocasiones con otros Estados, y no creo que lo hagan ahora. Pero sobre todo, este es un asunto que tenemos que resolver los españoles. 

Los españoles constitucionalistas están unidos y dando la voz de alarma, también ante Europa… Ya hay previstas manifestaciones.

Es bueno que la gente se pronuncie. Y es bueno que la gente se manifieste. 

Es el ejercicio de un derecho constitucional. Aunque ahora resulta que al que anuncia el ejercicio de un derecho fundamental, desde la mesa del Gobierno, le llaman golpista. 

Eso es otra desviación absurda de la situación que estamos padeciendo en España, y que quiera Dios que se encarrile por una vía que nos lleve a la normalidad de los asuntos y no a esta especie de locura colectiva. 

¿Qué opina de los ataques de ciertos políticos al poder judicial? Como ha dicho usted, un Estado de Derecho supone el respeto al imperio de la ley y a la separación de poderes. Y una amnistía supone negar la existencia del delito y que el poder judicial ha actuado en sus resoluciones de forma arbitraria.

Una de las cosas más tremendas de una posible ley de amnistía es precisamente que ponga en cuestión al propio Poder Judicial. Y nada menos que a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. 

Y también la actuación de nuestros agentes…

Sí. A los agentes de la Policía los deja totalmente desamparados. 

Lo que está pasando en España es que, desgraciadamente, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -que en una democracia son los primeros garantes, los garantes en la calle, de los derechos fundamentales y de las libertades públicas- se encuentran con que ahora son ellos los atacados y están puestos en riesgo de sufrir las consecuencias de su propia conducta, cuando es una conducta meritoria y que debería ser objeto de protección por los políticos. 

“Desgraciadamente, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están siendo atacadas en España y están totalmente desamparadas”

¿Qué opinión le merece que el CGPJ lleve cinco años en funciones y, por una reforma del Gobierno, sin la facultad de hacer nombramientos? 

Se ha demostrado que esto le importa muy poco a los políticos, porque mantienen esta situación indefinidamente.

Ya es hora de reformar el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Ramón Rodríguez Arribas afirma que si Irene Montero tuviera dignidad política, habría dimitido. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

¿Se debe reformar antes de renovar?

Exacto. Si consideramos que el sistema actual no es bueno, no tiene sentido que hagamos ahora la renovación por el sistema malo y luego, dentro cinco años, procuremos que el sistema sea bueno. 

Eso es como si a un enfermo le dicen “de momento tómese usted estas medicinas que le sientan mal, que después ya le daremos las buenas”. 

Hay quienes dicen, juristas, que la reforma del Consejo que le quita funciones se hizo porque no pueden controlar. ¿Qué piensa usted?

Siempre que el Gobierno o el partido gobernante ha tenido dificultades en materia de nombramientos de la carrera judicial, ha tratado de borrar ese control y de disminuir en lo posible. 

Precisamente, el Consejo General del Poder Judicial fue concebido en la Constitución como un órgano de garantía de la propia independencia del Poder Judicial. Por lo tanto, todo lo que sea disminuirle facultades es poner en riesgo esa independencia, que es un baluarte esencial del Estado de Derecho. 

“Disminuir las facultades al CGPJ es poner en riesgo la independencia, que es un baluarte esencial del Estado de Derecho”

Cambiando de tercio, la ley del sólo sí es sí ha provocado la reducción de 1.155 condenas y la excarcelación de 117 agresores sexuales. Se ha rebajado la pena a La Manada. ¿Esta ley, que ha sido la bandera de Unidas Podemos, es una ley infame? 

Es una ley equivocada. 

“La ley del sólo sí es sí es una ley equivocada, puramente ideológica como muchas de las que están saliendo y, además, desviada”

Es una ley puramente ideológica, como muchas de las que están saliendo y,  además, desviada, en cuanto a que la finalidad que perseguía, teóricamente, que era incrementar la protección a la mujer, ha sido al contrario. 

No solamente no ha creado ninguna nueva protección, sino que ha desprovisto de protección a las que ya habían sido protegidas. 

Porque las víctimas que ahora vean que su agresor tiene una pena menor o que se le pone en la calle, se van a ver más desamparadas y burladas. 

Llama la atención que la reforma de la ley del sólo sí es sí no fuera apoyada por Podemos, votaron en contra… 

Eso son rencillas entre ellos. 

También se les advirtió antes de que fuera aprobada de las consecuencias…

Lo que estaba claro, porque lo dijo el Consejo General del Poder Judicial, es que una rebaja global de penas tenía que tener eficacia a la larga, o a la corta, en la aplicación de la propia ley de persecución del delito de agresión sexual cuando han suprimido las diferencias y ahora todo era lo mismo. 

Pero como la pena inferior era menor, eso tenía que tener consecuencias, porque hay un principio del artículo segundo dos del Código Penal, que además tiene su reflejo en el artículo nueve de la Constitución, que dice que cuando una norma penal rebaja la pena o pone una situación más favorable, es inmediatamente aplicable con efecto retroactivo. 

“Se ha desprovisto de protección a las víctimas que ya habían sido protegidas. Las víctimas que ahora vean que su agresor tiene una pena menor o que se le pone en la calle, se van a ver más desamparadas y burladas”

Esto lo sabían permanentemente, porque ha sido así desde los tiempos de Práxedes Mateo Sagasta. Pero resulta que ahora se llevan la gran sorpresa de que la aplicación de esto ha conducido a ese resultado que llaman “indeseado”. 

Indeseado no, inadvertido. 

Y culpan de ello a los jueces, tildándolos de “machistas” y hablando de interpretaciones sesgadas… 

En primer lugar, afortunadamente el 60% de los jueces son mujeres. 

Y en segundo lugar, entre los jueces no hay ni mujeres ni hombres machistas. Hay personas que saben Derecho, que lo aplican con mejor o peor fortuna, porque eso ya no se puede garantizar, pero desde luego con la intención de hacer justicia. 

“Entre los jueces no hay ni mujeres ni hombres machistas. Hay personas que saben Derecho y que lo aplican con la intención de hacer justicia”

Usted, que es una reconocida figura del Tribunal Constitucional, ¿cree que el tribunal de garantías mantiene el prestigio que debería tener? 

Mucho me temo que eso, por lo menos, está en cuestión. 

Por una parte, porque han tenido acceso al Tribunal personas que por su vinculación directa e inmediata con el poder político, del Ejecutivo, tenían una sombra de parcialidad que solamente se puede salvar si se abstienen cuando llega el momento. 

Si no lo hacen o no aceptan la recusación, el prestigio se verá más comprometido. 

A mí, esto que me acaba de preguntar me produce un enorme dolor, porque fue donde ejercí mi última época de juez. 

“Espero que el prestigio del Tribunal Constitucional se recupere pronto”

Y porque, además, allí procuré cumplir con mi deber. Y desde luego, le aseguro que el Tribunal Constitucional merece otro trato y otra consideración. 

Espero que se recupere pronto y que se den cuenta, incluso los que están ahora, que lo que se juegan no es solamente su prestigio, sino el prestigio de la institución.

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