Teresa Freixes es catedrática de Derecho Constitucional, vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores y presidenta de Citizens Pro Europe, Foto: Miguel Lorenzo.
Teresa Freixes: “Negociar con delincuentes su propia impunidad nos aproxima al ‘far-west’ más que a Europa”
Más de 300 juristas han denunciado ante la Unión Europea la ley de amnistía, entre ellos Teresa Freixes, que también ha enviado una misiva al comisario europeo de Justicia
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07/11/2023 06:32
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Actualizado: 07/11/2023 12:17
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“Negociar con delincuentes su propia impunidad nos aproxima al ‘far-west’ más que a nuestros socios europeos”. Así lo señala a Confilegal Teresa Freixes Sanjuán, catedrática de Derecho Constitucional, vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores y presidenta de Citizens Pro Europe, organización que recientemente ha enviado a las instituciones europeas una Declaración pública suscrita por 300 juristas contra una previsible Proposición de Ley Orgánica de amnistía respecto a los delitos cometidos mediante la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña.
La firman abogados, profesores universitarios, académicos de jurisprudencia y legislación, y de ciencias morales y políticas, y otros profesionales del Derecho. Advierten «grave problema al que la Unión Europea se va a enfrentar si se consolida esa quiebra del Estado de Derecho en España».
El escrito se ha hecho llegar al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea y al Consejo de Europa.
Entre los firmantes se encuentra Teresa Freixes, quien, además, ha alertado al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, a través de una misiva de cómo el Gobierno español impulsa “el deterioro del imperio de la ley y la separación de poderes” en nuestro país.
Aquí tiene acceso a ambos documentos y a la lista de firmantes:
“No basta con invocar la Constitución, hay que cumplirla”, subraya Freixes.
En las últimas semanas también han alzado la voz contra la ley de amnistía la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera fiscal; la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, personalidades de la talla de Ramón Rodríguez Arribas, vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional, recientemente fallecido, y anoche mismo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
¿Qué opina de que el Gobierno apoye ahora, expresa o tácitamente, a cambio de unos pocos votos, la afirmación de los independentistas de que se produjo una ‘represión injusta’ policial y judicial contra ellos? Eso es lo que supone la ley de amnistía.
Esta afirmación es de un cinismo palpable.
Hace escaso tiempo que esos mismos votaron en el Congreso la aplicación del artículo 155 y que han opinado, también hasta hace muy poco tiempo, que no habría amnistía.
Cierto que fraguaron los indultos, incluso en contra de la argumentación del Tribunal sentenciador, el Supremo, pero en ese punto podemos admitir cierta discusión. No en el caso de que ahora se afirme que ha habido persecución injusta contra el golpismo.
Se han rebajado penas por malversación, se ha borrado el delito de sedición del Código Penal, se han concedido indultos y se está negociando con un fugado de la justicia la impunidad de aquellos que atacaron el Estado de Derecho. ¿Está en peligro el Estado de Derecho en España?
Nos estamos deslizando por una pendiente harto peligrosa.
Todos los Estados regulan en sus códigos penales los delitos contra el orden constitucional. Una conducta equivalente a lo que ha sido el delito de sedición en la mayor parte de códigos penales está tipificada como de “alta traición” con penas muy elevadas o incluso, con prisión permanente.
La “rebaja” en el delito de malversación está en el punto de mira de la Comisión Europea, puesto que según cómo se aplique infringe directamente la normativa anticorrupción europea.
«La ‘rebaja’ en el delito de malversación está en el punto de mira de la Comisión Europea, puesto que según cómo se aplique infringe directamente la normativa anticorrupción europea»
Negociar con delincuentes su propia impunidad nos aproxima al ‘far-west’ más que a nuestros socios europeos.
Claro que lo van a “vestir” de más democracia, de facilitar la formación de un “gobierno de progreso” o de trabajar por la mejora de la convivencia en Cataluña. Pero saben que todos esos eufemismos no son más que eufemismos.
No sólo lo sabemos los que nos hemos opuesto o nos oponemos al golpismo antidemocrático, sino que también lo saben los que quieren “hacer de la necesidad virtud”.
¿Qué denuncian en la carta?
Advertimos de los peligros que puede suponer la consolidación de esas quiebras en el Estado de Derecho para la propia UE.
“Advertimos de los peligros que puede suponer la consolidación de esas quiebras en el Estado de Derecho para la propia UE”
Estamos en la senda que emprendieron gobiernos populistas y que han sido duramente advertidos desde las Instituciones europeas.
Gobiernos populistas que, en esos países, como Polonia y Hungría, eran, decían, de “extrema derecha” (lo pongo entre comillas porque esta fórmula, tan de moda últimamente, no tiene sentido en un análisis serio). ¿Es que las mismas conductas serían aceptables en un país con un “gobierno progresista?
¿Y qué llamamiento hacen a Europa?
La UE tiene que tomar conciencia de que el problema no es un problema de política interna, limitado a una confrontación entre políticos.
Cuando la sociedad civil, cuando reputados juristas, cuando la mejor intelectualidad de un país considera que no es factible cambiar el modelo jurídico-constitucional poniendo en peligro los principios constitucionales y los valores de la UE, facilitando la delincuencia política y haciendo posible que una parte del territorio de un Estado pueda segregarse sojuzgando a la mayor parte de su ciudadanía, Europa tiene que enviar un mensaje claro, como ha hecho con Polonia, Hungría, Eslovaquia o con Rumanía.
“Europa tiene que enviar un mensaje claro, como hizo con Polonia, Hungría, Eslovaquia o con Rumanía”
Eso es lo que pedimos a la UE: que tome conciencia del grave problema al que se va a enfrentar si se consolida esa quiebra del Estado de Derecho en España.
Detrás irán los corsos, los de la Padania italiana, o cualquier otro que impulse la creación de “minorías nacionales” dirigidas a romper la unidad no sólo en sus países sino en la propia UE.
“Pedimos a la UE que tome conciencia del grave problema al que se va a enfrentar si se consolida esa quiebra del Estado de Derecho en España”
¿Se puede frenar esta ley?
Evidentemente sí.
Todavía ni se ha registrado en el Congreso, porque realmente es difícil intentar que “encaje” en el modelo constitucional español y europeo.
Deben tener grandes problemas en formular una exposición de motivos en la misma que encubra la “necesidad” y la transforme en “virtud”. Porque por más eufemismos que utilicen no pueden justificar el “cambio de opinión” repentino, derivado de los resultados electorales de las elecciones generales.
¿Quién puede hacerlo?
En primer lugar los que la impulsan. Si reflexionan un poco pueden darse cuenta de que si la defienden es sólo a cambio de unos pocos votos dirigidos a obtener la investidura de un determinado candidato.
Poco fiable, además, puesto que ya en su primera investidura consagró el principio del “cambio de opinión” para poder formar el gobierno que hemos tenido durante la pasada legislatura.
Después, si finalmente la ley llega a ser adoptada, no tengo dudas de que será recurrida, tanto en el ámbito interno, como en el europeo.
Los recursos de inconstitucionalidad no son suspensivos de la norma impugnada (se podría intentar, aunque veo difícil, dada la continua deferencia que está teniendo el actual Tribunal Constitucional con las finalidades gubernamentales), pero sí lo son las cuestiones de inconstitucionalidad, que serían seguramente interpuestas en el procedimiento de aplicación de la amnistía (aunque todavía no tenemos texto que lo regule, pero algún procedimiento, judicial o administrativo deberá seguirse).
“Los recursos de inconstitucionalidad no son suspensivos de la norma impugnada, pero sí lo son las cuestiones de inconstitucionalidad y las cuestiones prejudiciales ante el TJUE”
También lo son las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE.
En todos estos casos, la suspensión sólo se aplica hasta que se dicta la sentencia sobre el fondo.
La mejor manera de terminar con todo ello sería que los dos grandes partidos, PP y PSOE, fijaran las líneas rojas de las políticas de Estado y que a partir de ahí se realizaran después las políticas propias.
“La mejor manera de terminar con todo esto sería que los dos grandes partidos, PP y PSOE, fijaran las líneas rojas de las políticas de Estado y que a partir de ahí se realizaran después las políticas propias”
Porque es falso que sólo se pueda formar gobierno con los pactos que actualmente se pretenden.
Es más, sólo se formaría un gobierno respaldado por una exigua y compleja mayoría que difícilmente podría dar resultados plausibles.
En este período tan difícil, se necesita poder realizar políticas de Estado que sólo pueden realizarse a partir de grandes mayorías, las que derivarían de ese deseable acuerdo entre los que sí podrían llevarlas a cabo.
Europeo, Dolors Montserrat, entre otros.
Por cierto, ¿qué opina de los ataques de ciertos políticos al poder judicial?
Los ataques de ciertos políticos al poder judicial constituyen otra de las quiebras del Estado de Derecho.
La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los dictámenes de la Comisión de Venecia, advierten al respecto.
Son intolerables, contrarios tanto a las constituciones internas como a las normas europeas.
“Los ataques de ciertos políticos al poder judicial constituyen otra de las quiebras del Estado de Derecho”
¿Qué mensaje mandaría a los ciudadanos catalanes que sufren el acoso del independentismo?
Que continuaran resistiendo, como hemos hecho hasta ahora.
No hay mal que cien años dure. Y tenemos la razón, tanto la razón racional como la razón jurídica.
Si resistimos a la dictadura franquista (ya quedamos pocos en la actualidad, por meras razones biológicas) resistiremos a esta injusta situación. Porque lo injusto es que pretendan gobernarnos sin respeto del Estado de Derecho, no que el Estado de Derecho mire hacia otro lado para favorecer la delincuencia política.
¿Y qué opina de la manifestación que tuvo lugar el pasado sábado en el País Vasco por las sentencias sobre el euskera? Denuncian “injerencia de los tribunales”.
Que el secesionismo vasco, o cualquier otro, promueva tales manifestaciones “va de soi”.
Está en su ADN.
“No basta con invocar la Constitución, hay que cumplirla”
Ese no es el problema. El problema está en los que, llamándose a sí mismos constitucionalistas, les hacen caso, los integran en “pactos de gobierno” y jalean el “proceso de desconstitucionalización” que estamos viviendo.
No basta con invocar la Constitución. Hay que cumplirla.
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