Arriaga Asociados ha presentado una nueva querella contra tres magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona acusándolos de «ignorar deliberadamente la jurisprudencia europea obligatoria sobre el IRPH». En concreto, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 13 de julio.
Los querellados son Juan F. Garnica Martín, Matilde Vicente Díaz y Marta Cervera Martínez.
Según informa, la Sección 14ª ha dictado una sentencia que contradice la jurisprudencia del TJUE en un caso de IRPH, «siguiendo el precedente de la Sección 13ª», de la que ya se querelló la semana pasada contra sus magistrados José María Ribelles Arellano, Anna Esther Queral Carbonell y Cristina Daroca Haller.
En este nuevo caso, la Audiencia, en una resolución dictada el pasado 11 de octubre (596/2023) con Garnica como presidente y Vicente como ponente, ha desestimado la demanda de un cliente que buscaba la nulidad de la cláusula IRPH y la devolución de entre 30.000 y 40.000 euros pagados de más en su hipoteca.
Arriaga Asociados expresa su «preocupación» ante la posibilidad de que las Secciones 11, 13 y 14 «hayan llegado a un acuerdo para infringir el mandato legal del artículo 4 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)«.
«Esta convergencia en acciones contrarias a los intereses de los clientes, a favor de los bancos, genera seria inquietud y alarma pública entre los consumidores, ya que los jueces, en contravención de las directrices europeas del TJUE, se niegan a examinar casos individuales, dando la impresión de considerarse por encima de las decisiones judiciales europeas», denuncia Jesús María Ruiz de Arriaga, socio director de Arriaga Asociados.
Esta firma sostiene que el IRPH, un índice variable en cláusulas hipotecarias en España, ha generado costos adicionales para los clientes «debido a manipulaciones bancarias».
Arriaga Asociados dirige la querella contra tres magistrados de la Sección 14 por un presunto delito de prevaricación, tipificado en el artículo 446 del Código Penal y subsidiariamente, los contemplados en los artículos 447 y 448, según lo establecido en los artículos 277 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
«Estos magistrados han ignorado deliberada y dolosamente la sentencia del pasado 13 de julio del TJUE al juzgar este caso sobre el IRPH», afirma Ruiz de Arriaga.
Y hace hincapié en que de haber aplicado dicho mandato, el fallo habría sido diferente, dando la razón a los clientes y permitiéndoles recuperar entre 30.000 y 40.000 euros.
Arriaga Asociados recuerda que la jurisprudencia del TJUE es obligatoria para todos los jueces y tribunales de España.
Indica que la sentencia del pasado 13 de julio establece la obligación de informar a los clientes sobre la Circular 8/1990 del Banco de España y evaluar la aplicación de un diferencial negativo para el IRPH.
«La decisión de estos magistrados de ignorar la sentencia obligatoria del TJUE, expresando su desacuerdo y violándola deliberadamente, podría constituir un delito de prevaricación», expresa esta firma.
«La Audiencia Provincial está obligada a dictar sentencias conforme a la ley y la jurisprudencia del TJUE. La negativa a hacerlo, según el artículo 4 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, constituiría un delito de prevaricación. Sin embargo, la Audiencia y sus magistrados parecen considerarse por encima de la ley, según su resolución», concluye.
