Un hombre sevillano de 53 años está hundido y sin ganas de salir de la cama porque el juicio para resolver su caso sobre incapacidad permanente absoluta se ha fijado para el 3 de febrero de 2027.
Nicolás Pérez García trabajaba como repartidor de pan. Pero cuando tenía 49 años sufrió una caída cerrando la puerta del camión con el que trabajaba y ello le provocó una pérdida de movimiento en su mano dominante, la derecha. Tras dos operaciones, quedó completamente rígida. Ahora necesita volver a ser intervenido.
En 2021 el Instituto Nacional de la Seguridad Social le concedió la incapacidad permanente total, es decir, aquella en la que una persona no puede desempeñar su profesión habitual, pero sí otras. Tener este grado de incapacidad supone cobrar el 55% de tu base reguladora de cotización si tienes menos de 55 años y, si tienes más y no percibes otro ingreso, el 75%.
Posteriormente solicitó que se le revisase su grado de incapacidad, quería la absoluta al considerar que no puede desempeñar ningún tipo de trabajo. Ello le permitiría recibir el 100% de la base reguladora y estaría exento de tributar por IRPF.
Y es que, según cuenta a Confilegal, en este periodo de tiempo también le han operado tres veces de la espalda y lleva siete tornillos.
«No levanto cabeza»
«El traumatólogo me ha dicho que me voy a quedar cojo, tengo muchos dolores, dicen que no puedo estar más de 10 minutos sentado. También han evaluado cómo está mi salud mental porque esto me pasó con 49 años y no levanto cabeza».
«Me han detectado trastorno adaptativo distímico, hay días que me viene el bajón y no puedo salir de la cama, no puedo levantarme y quiero estar solo».
Para él, que su juicio se celebre dentro de 3 años es «una injusticia total» porque tiene problemas tanto físicos como psíquicos. «Mientras tanto, estoy cobrando 680 euros».
«Hemos pedido al Juzgado de lo Social Nº8 de Sevilla adelantarlo, nos han dicho que no. He escrito al Defensor del Pueblo Andaluz y al decanato, pero nada». Además, cuenta que actualmente tiene un 53% de discapacidad y que va a tener que esperar 21 meses a que se la revisen al considerar que ha empeorado.
Más recursos materiales y humanos
Por su parte, Pedro Gómez Rueda, el graduado social que le está llevando el caso, ha comentado que la solución a los señalamientos tardíos es fácil: más recursos materiales y humanos, pero no sólo en Sevilla, sino en toda España.
En su opinión, en Sevilla harían falta como poco cinco juzgados de lo Social más porque están sobrepasados del cupo de asuntos que tienen al año. «En la ratio que marca el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está muy lejos de la que tienen realmente».
«Pero si tenemos que hablar de cómo solucionar la Justicia hay que hacer muchas cosas porque estamos viendo que los juzgados de lo social se están comportando como hace 20 años. Las cosas han cambiado y antes resolvías un juicio en 15 minutos pero ahora ninguno pasa de tres cuartos de hora».
Y sobre todo las relaciones laborales a nivel mundial han cambiado mucho desde el punto de vista de que hay más conflictos y todo ello termina en el juzgado. «La gente demanda más y los procedimientos son más complejos, con lo cual los jueces tienen mayor carga de trabajo».
Asimismo, ha comentado que antes era mucho más fácil hacer una buena mediación en los juzgados. «Es importante una mediación intrajudicial potente que acelere los juicios», concluye.
