El nuevo Consejo General del Poder Judicial tiene el reto que recuperar la confianza de la ciudadanía en los jueces y en la propia institución. Cualquier medida que se vaya a tomar pasar por la comunicación. Foto: Confilegal.
Comunicación: la principal asignatura pendiente del nuevo Consejo General del Poder Judicial
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25/7/2024 00:45
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Actualizado: 07/4/2025 19:32
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Todo aquel que haya visto el capítulo final de la serie «Juego de Tronos» recordará cuando Daenerys Targaryen (Khaleesi) llega a la Fortaleza Roja, el castillo que alberga el Trono de Hierro en Desembarco del Rey. Las cenizas y el humo llenan el aire y la destrucción es omnipresente.
Esa es la sensación que van a tener los 20 nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Su «Fortaleza Roja», después de 5 años y 7 meses de prolongación de mandato, de ataques desconocidos e inesperados desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, está en ruinas.
Toca reconstruirla.
Y no solo a ella. Tienen que devolver al Poder Judicial, a los 5.500 hombres y mujeres que administran justicia diariamente, la confianza y el orgullo de formar parte de un Poder del Estado que define lo que es, de verdad, una democracia.
Acabar con su desánimo generalizado.
Es cierto que el PSOE y el PP han deshecho gran parte del estropicio de 2013, cuando bajo la dirección del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial que eliminó la organización colegiada que, desde 1980, había venido funcionando en el CGPJ.
Y la convirtió en el órgano Presidencialista que hemos conocido entre 2013 y 2024.
Los 20 nuevos vocales vuelven a ser a tiempo completo, «full time». Se acabaron los 7 privilegiados y los 13 a tiempo parcial. Jamás funcionó esa forma de estructura. Ha quedado probado que no se puede estar en misa y repicando.
La última reforma ha devuelto a la vida la Comisión de Calificación, la que selecciona y propone los nombramientos, que había sido asumida por la Comisión Permanente, y que está llamada a trabajar a todo trapo durante, en principio, un año y medio para poner al día las vacantes del Tribunal Supremo, de los 17 Tribunales Superiores de Justicia y las Presidencias de gran parte de las 50 Audiencias Provinciales.
Y también la posibilidad de que el Consejo reviva o crea todas aquellas comisiones que considere necesarias, con la condición de que sea un acuerdo por 3/5 de los votos del Pleno (13 de 21 –los votos de los 20 vocales y el de la persona que asuma la Presidencia).
Este regreso a la organización anterior es la constatación del fracaso de una venganza, la que perpetró el Gobierno de Mariano Rajoy contra el órgano de gobierno de los jueces por permitir que dimitiera el entonces presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Dívar –el 21 de junio de 2012– en un tiempo en el que España estaba a punto de ser intervenida por los hombres de negro de la Unión Europea. Cosa que finalmente no ocurrió.
Aquellos fueron los polvos de estos lodos y que han sido la consecuencia directa de la herencia de la presidencia de Carlos Lesmes.
En un análisis reciente que titulé «CGPJ 2013-2022: El Consejo de la voz ausente», que ha formado parte de la obra «Ley Orgánica del Poder Judicial Comentada» (publicada por Colex), señalaba que el gran error cometido durante ese tiempo, y hasta ahora, había sido la renuncia al arma más poderosa con el que contaba el CGPJ: la voz de un portavoz y de una estructura comunicativa que ya quisieran para sí muchos otros órganos oficiales.
Lesmes Serrano heredó, en 2013, uno de los Consejos de la Magistratura de Europa mejor «armados» y pertrechados de medios materiales y humanos del continente europeo.en materia de.comunicación; pero nunca ejerció de esa guisa.
Y no permitió que otros vocales –como Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya o José María Macías, personas con evidentes dotes comunicativas naturales– ejercieran esa función.
Aunque en ocasiones lo hicieron, a guisa de bomberos. Cuando la cosa estaba en llamas y no había remedio.
Gran parte de la culpa de los efectos de la sentencia de «la manada» hay que buscarla en esa «no política» de comunicación del ya fenecido CGPJ.
Devolver el esplendor y el prestigio a la Fortaleza Roja del CGPJ pasa por abordar una política de comunicación proactiva. El Consejo del presidente Francisco Hernando (2001- 2008) contiene las ideas básicas de lo que hay que revivir.
También sería interesante leer la visión que tiene el nuevo presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, sobre la comunicación y la transparencia para abordar los retos de la profesión. Lo contábamos ayer aquí, en Confilegal.
«JUECES DIVULGADORES»
Sin embargo, hoy hay que ir más allá. Ya no es suficiente un portavoz –o portavocesa–. En 2024 los jueces ya no hablan por sus sentencias. Hay que explicarle a la ciudadanía lo que dicen las sentencias, para que las entiendan.
Es una contradicción el hecho de que el artículo 117 de la Constitución diga que la justicia emana del pueblo y que el pueblo no entienda lo que dice la justicia en sus sentencias. Una «falla» que, desde el Ministerio de Justicia combatió Juan Carlos Campo, tanto como secretario de Estado como titular de esa cartera.
Para recuperar esa confianza del pueblo la cosa pasa por la comunicación proactiva.
No hay nada inventado. En 2011 la Red Europea de Consejos de la Judicatura (ENJC, por sus siglas en inglés) aprobó por asentimiento el «Informe 2011-2012, Justicia, Sociedad y Medios de Comunicación» («Report 2011-2012, Justice, Society and the Media«), en el que se aconsejaba a todos sus miembros la adopción de la figura del «juez divulgador» o juez de prensa.
Era una experiencia nacida en la judicatura holandesa para explicar a los periodistas de los medios de comunicación, en el lenguaje de la calle ―pero sin perder la precisión jurídica― las decisiones que toman sus compañeros, ya sean sentencias, autos o procedimientos de todo tipo, además de la aplicación de las leyes.
«Hoy hay que ir más allá. Ya no es suficiente un portavoz –o portavocesa–. En 2024 los jueces ya no hablan por sus sentencias. Hay que explicarle a la ciudadanía lo que dicen las sentencias, para que las entiendan»
Oficialmente, esta potestad pertenecería al presidente del órgano judicial ―en España serían los presidentes del Tribunal Supremo, de los Tribunales Superiores de Justicia, de las Audiencias Provinciales o de los jueces decanos―, quien delegaría en el juez comunicador por razones prácticas.
La principal es porque los presidentes están demasiado ocupados para estudiarse los casos, que suelen atraer una gran atención mediática, y para dar la cara ante los medios.
A los jueces divulgadores los nombran, precisamente, los presidentes de los órganos judiciales, con el visto bueno de lo que aquí llamaríamos salas de gobierno.
El Consejo de la Magistratura de Holanda (el equivalente a nuestro Consejo General del Poder Judicial) se encarga de organizar cursos de formación con el fin de capacitarlos para llevar a cabo esta misión. Esa capacitación comprende entrenamiento ante las cámaras de televisión y la radio.
Cada año, una media de 16 jueces divulgadores reciben ese tipo de «media training». Porque de eso se trata, de contar de la forma más precisa y asequible posible las decisiones judiciales, ajustándose a lo que dicen las resoluciones judiciales. Los jueces de cada caso les informan de forma previa.
LA POLICÍA NACIONAL Y LA GUARDIA CIVIL LO HAN ENTENDIDO
En este sentido, los jueces divulgadores operan de manera muy parecida a como lo hacen los portavoces de la Policía Nacional española o de la Guardia Civil. No están en las respectivas investigaciones, pero explican sus pormenores y, muy importante, le ponen «cara y ojos» a la información, fomentando así la confianza de los ciudadanos hacia su función.
Suelen comparecer en ruedas de prensa, hacen «canutazos», se someten a todo tipo de entrevistas para televisión, radio, prensa o internet, siempre que sea necesario su concurso para aclarar y poner las cosas en su sitio frente a malas interpretaciones, aclarando lo que dice la ley.
Los jueces divulgadores holandeses no sólo se centran en la jurisdicción penal, también en la civil, en la contencioso-administrativa o en la laboral. Depende de la actualidad. La mayor parte de ellos realizan esta función además de la suya propia de juez, sin recibir compensación alguna en tiempo o en dinero. Suele ser muy usual que los jueces divulgadores cumplan ese cometido a lo largo de varios años. Por eso, la experiencia es, de verdad, un grado.
La oficina de prensa del Consejo de la Magistratura holandesa lleva a cabo un rol de coordinación con los asesores de comunicación o jefes de prensa, que trabajan a las órdenes de los jueces divulgadores, en cada órgano judicial –como en España, donde hay 20 Oficinas de Comunicación del CGPJ (1 por cada 17 Tribunales Superiores de Justicia, 1 en la Audiencia Nacional, 1 en el Tribunal Supremo y 1 en el propio Consejo)–.
La división del trabajo está clara: los asesores de comunicación o jefes de prensa ―profesionales de la comunicación con probados conocimientos legales― trabajan tras las bambalinas, ocupándose de los contactos iniciales con los medios, cerrando citas, facilitando información, mientras que los jueces divulgadores dan la cara para explicar lo que sea necesario.
Los periodistas holandeses prefieren las declaraciones de los jueces divulgadores porque tienen la «auctoritas» de alguien que posee la misma categoría del que ha tomado la decisión y se encuentra muy cercano a él. Algunos informadores críticos ―que de todo hay― consideran a los jueces divulgadores como «guardianes de los tribunales».
La simbiosis entre asesores de comunicación de la justicia y jueces divulgadores ha demostrado poseer una probada eficacia más allá de toda duda.
SISTEMA TRANSPLANTABLE A ESPAÑA
Dentro del Poder Judicial existe conciencia del problema. Y de que esta figura sería de gran ayuda para recuperar la reputación perdida.
De hecho, en 2019 los presidentes de 37 –de las 50– Audiencias Provinciales abogaron en el marco de las XIX Jornadas Nacionales de Presidentes de AAPP, celebrada en Vitoria, Álava, por la adopción de la figura del ‘juez divulgador’ o ‘juez portavoz en los órganos judiciales, siguiendo las recomendaciones de la Red de Consejos del Poder Judicial de Europa (ENCJ, por sus siglas en inglés), con el fin de poder explicar las sentencias y las decisiones judiciales de una manera comprensible para el gran público y evitar así fiascos como el del caso de «la manada».
Y lo mismo hicieron un año antes los Jueces y Juezas Decanos en la clausura de sus XXVIII Jornadas, celebradas en octubre de 2018 en Melilla.
Recientemente, el pasado mes de mayo, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, ante el contexto de creciente desconfianza y percepción negativa hacia la justicia, hicieron un llamamiento al órgano de gobierno de los jueces (pensando en este futuro que tenemos hecho presente) para gestar una estrategia de comunicación robusta y transparente con el objetivo central de recuperar la confianza pública en el sistema judicial español.
Plantearon una recuperación de la política de comunicación que implementó el CGPJ que presidió Francisco Hernando (2001-2008), que continuaron sus sucesores Carlos Dívar (2008-2012) y Gonzalo Moliner (2012-2013) y que abandonó su sucesor, Carlos Lesmes (2013-2022).
¿Cómo construir una política de comunicación eficaz? Recuperando la voz de la que han adolecido los jueces desde su órgano de gobierno. Un vacío –ya se sabe, «la naturaleza aborrece el vacío»– que las asociaciones de jueces, tanto la Asociación Profesional de la Magistratura, como la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, han llenado en gran parte asumiendo esa función explicativa y divulgativa ante el desierto existente.
Al César lo que es del César.
Pero es necesario dar un paso adelante y valiente. Para eso es necesario que alguien explique las cosas, como decía Gonzalo de Berceo, «en román paladino», en el lenguaje en el que todos nos comunicamos.
Sobre todo, en cuestiones complicadas como las que se dirimen en la Justicia. Porque nos jugamos mucho. Nada más, y nada menos, que nuestra democracia.
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