Las cuatro asociaciones judiciales se reunían con el Ministerio de Justicia en referencia a los cambios que provocará, de forma inevitable, la aplicación de la Ley de Eficiencia. Un encuentro en el que el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, explicaba los planes ministeriales respecto a la transformación de plazas de juzgados de instrucción a violencia sobre la mujer. También sobre el anteproyecto que modifica el acceso a las Carreras Judicial y Fiscal. Algo que, sin embargo, preocupa a algunas de estas asociaciones. Especialmente, debido a la falta de aparente financiación estatal.
Las cuatro asociaciones judiciales —Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)— se reunieron con el secretario de Estado, Manuel Olmedo, para abordar la incertidumbre que ha generado la Ley Orgánica 1/2025.
Y es que la profunda modificación judicial que supone la conocida como Ley de Eficiencia no parece estar exenta de polémica. Tampoco, para AJFV y FJI, tras la reunión celebrada con el representante del equipo de Félix Bolaños.
Especialmente, debido al aparente «coste cero» planteado por el Ministerio para esta reforma. Una cuestión ante la que también se ha pronunciado Isabel Perelló, que solicitaba financiación y recursos materiales y humanos para su correcta implantación.
Reunión en la que también se puso de especial manifiesto el choque frontal de AJFV y FJI frente al Ministerio de Justicia en cuanto a la estabilización de los jueces sustitutos. Un plan ministerial que se mantiene intacto, a pesar de la posición enfrentada de las asociaciones.
La polémica sobre la estabilización de los jueces sustitutos
«Nos dijeron que seguían en fase de estudio de los informes, por lo que no podían darnos una conclusión final de cómo iba a quedar el anteproyecto», explica a Confilegal Fernando Portillo, presidente de FJI.
Un proceso en el que «están analizando las alegaciones de las asociaciones y del CGPJ» sobre la estabilización de los jueces sustitutos, que supondría un cambio en el esquema tradicional al acceso a las Carreras Judicial y Fiscal. Pero que, sin embargo, no parece cambiar el parecer del departamento de Bolaños.
«Lo que sí se nos aseguró es que el proceso de estabilización iba a quedarse como estaba en el Anteproyecto», explica Sergio Oliva, portavoz de AJFV. Ello, debido a que, según el Ministerio, este plan responde a un mandato europeo, con la posibilidad de que España sea sancionada de no producirse esta estabilización.
«Para nosotros es dramático que esto pueda suceder. En España ahora hay 900 jueces sustitutos. Si entrasen 500, provocarían un daño irreversible al cuerpo de opositores. Le están haciendo un flaco favor al principio de mérito y capacidad. Es una discriminación», destaca Oliva.
Una convicción de «la bondad del cambio» que, para Fernando Portillo, viene de una confusión «del problema real» por parte del Ejecutivo.
«Creemos que están confundiendo el problema real, del abuso de la interinidad, y la temporalidad de las administraciones públicas, con los jueces sustitutos. Y no tienen nada que ver. Mientras en interinidad son “plazas fantasmas”, los jueces sustitutos ocupan plazas que sí existen, pero que los jueces están de baja, de vacaciones, etc.», explica.
Coste cero ante los cambios de la Ley de Eficiencia
Reunión en la que Olmedo también explicó algunos detalles de la aplicación de la Ley de Eficiencia respecto a los juzgados de instrucción y violencia sobre la mujer,
«Ha sido positivo recibir información y constatar que la ampliación de la competencia se va a responder con medidas razonables, como la conversión de plazas que eran de juzgados de instrucción en, ahora, violencia sobre la mujer. Además se han comprometido a dotar a estos juzgados de violencia con un 50 % de plazas judiciales que las anteriores y tienen aprobadas las relaciones de puesto de trabajo y un plan de comarcalización para dar mejor servicio, así que parece que la ampliación de competencias se va a afrontar de forma razonable», apunta La Edmundo Rodríguez Achutegui, portavoz de JJpD.
Una posición que, sin embargo, no parecen compartir desde FJI y AJFV.
«Nosotros seguimos desconfiando del modo en que se van a hacer las cosas. Pensamos que al final, se van a producir muchas disfunciones. pero ellos están convencidos de que se van a poder solucionar los problemas que se vayan produciendo», valora Portillo.
Una desconfianza que produce, especialmente, el intento de cambio profundo en la Justicia «a coste cero».
«Si no hay inversión económica, la Ley de Eficiencia va a ser un cambio cosmético de nomenclatura, y una mayor carga de trabajo para los jueces», destaca Sergio Oliva.
Una situación que acabará provocando un perjuicio mayor para los ciudadanos. «Se va a generar que haya víctimas de primera clase, y de segunda. Porque con el desmantelamiento de los juzgados de instrucción, hay muchos delitos, y muchas víctimas, que verían que sus instrucciones se retrasen aún más. La justicia va a ir a peor», augura.
Por su parte, la APM ha preferido no hacer declaraciones, a la espera del comunicado conjunto que, se supone, harán próximamente las asociaciones.
