La Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española ha declarado hoy públicamente su apoyo a la declaración institucional del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la que se recuerda la vigencia del principio de presunción de inocencia y se denuncia la creciente injerencia política en las resoluciones judiciales, en referencia directa a las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, quien criticó a los magistrados de apelación del caso Dani Alves por haberle absuelto.
La Abogacía recuerda que el cuestionamiento reiterado de las decisiones de los jueces por parte de responsables públicos supone un riesgo grave para el Estado de Derecho.
Así lo trasladó ayer a representantes de la Comisión Europea durante una reunión sobre el Informe Anual sobre el Estado de Derecho.
“La presunción de inocencia no es una fórmula vacía”, señala la Abogacía. Es un principio esencial que protege el ejercicio del derecho de defensa.
Así lo recoge expresamente el artículo 3 de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que incluye, entre otros, “el derecho a ser informado de la acusación, a no declarar contra uno mismo, a no confesarse culpable [y] a la presunción de inocencia”.
La institución colegial recuerda que el trabajo de los abogados parte de la idea de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Defender ese principio, subraya, “es defender la libertad y la igualdad ante la ley”.
Sin renunciar a esa defensa, la Abogacía Española reitera su compromiso con las víctimas de la violencia sexual y de género. “Estaremos siempre con ellas”, afirma el comunicado.
Por último, lanza una advertencia sobre los efectos de la desinformación jurídica. Las resoluciones judiciales deben explicarse con rigor y precisión.
Su distorsión, por intereses políticos o mediáticos, desfigura la realidad y debilita la confianza en la justicia.
