Manuel Villoria, presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), abrió el «Día del Compliance Officer» de la Asociación Española de Compliance (ASCOM), celebrado el pasado miércoles, con un mensaje claro y sin rodeos: el «Compliance Officer» (CO) debe ocupar un lugar central dentro de las organizaciones y asumir, de forma natural, la gestión del canal interno de información.
Explicó que esta figura, por su visión global del funcionamiento de empresas y entidades, es la mejor preparada para coordinar los canales de denuncia y asegurar que cualquier sistema interno destinado a proteger la integridad corporativa funcione como debe.
Por eso defendió la conveniencia de integrar todos los canales —incluidos los de acoso y otros sistemas de alerta— en una única vía interna que el propio CO pueda administrar de forma ordenada.
Un “gran sueño”: que la ciudadanía comprenda el valor del cumplimiento
A lo largo de su intervención, Villoria insistió en la necesidad de que la ciudadanía entienda por qué cumplir las leyes es fundamental para el buen funcionamiento de un país.
“Es un gran sueño”, admitió, y reconoció que gran parte de su trabajo gira precisamente en torno a ese objetivo.
Para avanzar hacia él, situó el empoderamiento social en el centro del debate: solo una sociedad capaz de exigir rendición de cuentas puede frenar la corrupción y consolidar una cultura de integridad.
Villoria dejó claro que quienes gestionan los sistemas internos necesitan la misma protección que los alertadores, porque ellos también pueden ser objeto de presiones y represalias.
La protección del informante, una tarea ya en marcha
Villoria recordó además que la protección del informante es una de las responsabilidades esenciales de la AIPI. Confirmó que ya hay alertadores bajo protección efectiva y que algunos de sus casos han llegado incluso a la prensa.
Su intervención giró en torno a tres pilares: independencia, rendición de cuentas y transparencia.
Explicó que cualquier estrategia anticorrupción sólida necesita tanto instituciones que investiguen y sancionen como estructuras preventivas que eviten que las irregularidades lleguen a producirse.
Para ello, organismos públicos, poderes legislativos y judiciales y distintas entidades deben contar con órganos preventivos autónomos, con recursos suficientes y con sistemas de cumplimiento firmes.
“Cuando el modelo funciona, la corrupción baja”, afirmó. Pero advirtió de un riesgo evidente: si las normas se incumplen y no pasa nada, el incumplimiento se perpetúa. “España no puede permitirse caer en esa dinámica”, subrayó.
Informantes y Compliance Officers: la protección que preocupa
Su presencia despertó numerosas preguntas entre los asistentes, especialmente en torno a la protección tanto de los informantes como de los propios «Compliance Officers».
Villoria dejó claro que quienes gestionan los sistemas internos necesitan la misma protección que los alertadores, porque ellos también pueden ser objeto de presiones y represalias. Recalcó la importancia de condenar públicamente estas conductas y de apostar por la formación si se quiere construir una auténtica cultura de integridad.
