El sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias ha presentado una denuncia ante los juzgados de Madrid contra Bartolomé Lora Toro, vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y presidente en funciones del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), por la presunta comisión de varios delitos vinculados a la concesión de ayudas públicas al grupo Globalia y, en particular, a Air Europa.
Manos Limpias solicita la admisión a trámite de la denuncia y la comparecencia del exministro José Luis Ábalos, a fin de esclarecer la eventual existencia de responsabilidades penales en la gestión de uno de los mayores rescates públicos concedidos durante la pandemia.
La denuncia sostiene que el rescate público concedido en noviembre de 2020, por un importe total de 475 millones de euros, habría vulnerado de forma sistemática la normativa nacional y europea que regulaba el funcionamiento del fondo creado durante la pandemia para apoyar a empresas estratégicas afectadas por la COVID-19.
Un fondo excepcional bajo control de la SEPI
El FASEE fue creado mediante el Real Decreto-ley 25/2020 y dotado con hasta 10.000 millones de euros, con el objetivo de reforzar temporalmente la solvencia de empresas consideradas estratégicas para la economía nacional. Su gestión se atribuyó a la SEPI, a través de un consejo gestor interministerial.
Según la denuncia, en el momento clave de las decisiones la SEPI carecía de presidente titular, tras la dimisión de Vicente Fernández Guerrero en 2019, por lo que la gestión efectiva habría recaído en su vicepresidente, Bartolomé Lora Toro, a quien se atribuye la dirección material de las operaciones más relevantes del fondo.
Uno de los ejes centrales de la denuncia es que el grupo Globalia no cumplía un requisito esencial para acceder a las ayudas: estar al corriente de sus obligaciones tributarias a 31 de diciembre de 2019.
El escrito aporta sentencias de la Audiencia Nacional que acreditan la existencia de deudas millonarias con la Agencia Tributaria, algunas de ellas confirmadas judicialmente incluso en 2020, dentro del periodo inmediatamente anterior al rescate.
A ello se suma el presunto incumplimiento de las condiciones sociales y medioambientales fijadas por el Congreso de los Diputados en el dictamen de reconstrucción aprobado en julio de 2020, que vinculaba la concesión de ayudas públicas al cumplimiento de compromisos climáticos y de igualdad.
Otro aspecto especialmente relevante de la denuncia es el fraccionamiento del rescate en dos préstamos —240 millones y 235 millones de euros— que, según Manos Limpias, habría tenido como finalidad evitar la notificación obligatoria a la Comisión Europea, exigida para ayudas superiores a 250 millones de euros. El escrito subraya que en otros casos, como el de Celsa, la SEPI sí solicitó autorización comunitaria, lo que evidenciaría un trato desigual.
Una empresa beneficiaria de reciente creación
La denuncia también cuestiona que la totalidad del importe fuera asignada a Air Europa Holding SLU, una sociedad constituida apenas un año antes del rescate y con un capital social de solo 3.000 euros, lo que, a juicio del sindicato denunciante, resulta incompatible con la naturaleza y finalidad de los fondos europeos y nacionales movilizados.
El escrito amplía el foco a posteriores ayudas concedidas en marzo de 2021 a Ávoris Corporación Empresarial, sociedad resultante de la integración de Globalia y Barceló, por otros 320 millones de euros, nuevamente estructurados en dos préstamos para situarse por debajo del umbral de control europeo .
Asimismo, la denuncia alude a informaciones periodísticas que apuntan a reuniones privadas para pactar condiciones del segundo tramo del rescate, incluyendo la imposición de un directivo propuesto por la SEPI en el consejo de Air Europa, lo que podría encajar, según el escrito, en delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
