La batalla legal en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid suma un nuevo capítulo de alta tensión procesal. La representación letrada de Begoña Gómez ha formalizado un recurso contra la reciente decisión del magistrado Juan Carlos Peinado, quien acordó dirigir la causa hacia un tribunal de jurado y unificar las dos líneas de investigación que pesan sobre ella.
La mujer del presidente del Gobierno, investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación, sostiene a través de su defensa que la resolución del instructor carece de base jurídica sólida y se apoya en «datos falaces» que no justifican tal decisión.
La sombra del «juicio paralelo»
Uno de los pilares del recurso se centra en la falta de motivación ponderativa del auto. Según el escrito que ha presentado ante el magistrado, el abogado de Gómez argumenta que para derivar una causa a un jurado popular es imperativo razonar la idoneidad de la medida, algo que, a su juicio, el magistrado ha omitido por completo.
La defensa alerta sobre el riesgo de vulnerar el derecho a un juez imparcial. Sostienen que, al tratarse de un asunto con una altísima exposición mediática y política, someter el veredicto a ciudadanos particulares bajo la presión de un «juicio paralelo» persistente podría generar una «ulterior lesión» de derechos fundamentales. En palabras de la defensa, el auto adolece de un rigor en la fundamentación que debería conllevar su nulidad.
El precedente de la Audiencia Provincial
No es la primera vez que el juez Peinado intenta transitar la vía del jurado popular. El recurso recuerda que la Audiencia Provincial de Madrid ya frenó esta pretensión el pasado mes de febrero. En aquella ocasión, los magistrados de la instancia superior fueron tajantes al señalar que no existían «indicios racionales de criminalidad» suficientes para sustentar el paso a un procedimiento de esta naturaleza.
Para la representación legal de Gómez, la insistencia del instructor solo puede leerse en una clave: se está investigando a su representada no por hechos objetivos, sino por su condición de cónyuge del presidente del Gobierno. Además, critican la «redacción confusa» del magistrado, reduciendo sus argumentos a una «mera reiteración de conjeturas».
Próxima cita: 1 de abril
Mientras se resuelve este recurso, el calendario judicial sigue adelante. El instructor ha citado para el próximo 1 de abril a la propia Begoña Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés, junto con la Fiscalía y las acusaciones populares, para realizar la notificación formal de la resolución ahora impugnada.
Este nuevo movimiento de la defensa busca que la Audiencia Provincial vuelva a intervenir y determine si la instrucción de Peinado se ajusta a derecho o si, como sostiene el recurso, se trata de una investigación prospectiva basada en la relevancia política de la investigada