Las entidades públicas que han apostado por la privacidad y la figura del delegado de Protección de Datos han reaccionado mejor a esta crisis sanitaria.
El Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Santander ha condenado a una cadena de electrodomésticos al pago de una indemnización de 22.000 euros por exponer en un stand para su venta un teléfono móvil reacondicionado que contenía archivos fotográficos de una usuaria anterior, entre ellas algunas de sus hermanos menores.
Siempre que se materializa un acuerdo que conlleve una solución pacífica de los conflictos es una buena noticia. El pasado 1 de enero Autocontrol ha puesto en marcha un servicio de mediación desarrollado en colaboración con la Agencia Estatal de Protección de Datos (AEPD).