Gómez-Acebo & Pombo eligió a Carlos Rueda, un abogado muy comprometido con el despacho desde primeros de los años noventa, para gestionar el cambio de la firma y seguir haciéndolo competitivo.
El secretario general de la Plataforma del Tercer Sector (PTS) y ONCE, Rafael de Lorenzo, aseguró que la actual Ley del Tercer Sector, que se aprobó hace dos años y todavía está sin desarrollar, “no es suficiente” para que el Tercer Sector de Acción Social tenga un status adecuado.
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley para modificar el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, con objeto de transponer la Directiva (UE) 2015/2302 relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados.
Las empresas españolas se muestran concienciadas de la importancia que sobre su actividad tendrán los resultados de las negociaciones sobre el Brexit y, por ello, la mayoría de ellas (un 64%) ha elaborado o tiene previsto elaborar planes de contingencia específicos.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha detectado que varias empresas de electricidad y gas no pueden acreditar el consentimiento al cambio de compañía de diversos clientes.
Crecen de forma gradual los incidentes de ciberseguridad en el mundo empresarial. "Desde CERTSI (CERT de Seguridad e Industria), en coordinación con CNPIC (Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas) se han gestionado en 2017 más de 123.000 incidentes de seguridad.
Abogados de experiencia en diversos sectores empresariales focalizados en el eje Madrid-Bilbao y Sevilla se han integrado en la firma Iter Law & Partners, un nuevo modelo de despacho de autor con enfoque sectorial que surge de la especialización de sus socios.
El bufete internacional DLA Piper ha presentado en España su programa WIN, What InHouse Lawyers Need, volcado a ofrecer a sus clientes actividades formativas en las llamadas soft skills, habilidades sociales.
La Audiencia Provincial de Madrid declara usurarios los intereses establecidos en una tarjeta de crédito. La historia arranca en septiembre del 2015 cuando un fondo financiero demandó a una consumidora por impago de la tarjeta reclamando 6.278 euros.
Tras el fallecimiento en la ciudad de Tempe (Arizona) de una mujer arrollada por un coche autónomo de la plataforma digital Uber, un Volvo XC90, se disparan los comentarios sobre qué tipo de responsabilidades se podrían derivar de ese suceso luctuoso.
