La congestión judicial en España impulsa el debate sobre la ejecución de sentencias: los procuradores proponen asumir competencias clave, alineándose con modelos europeos más eficaces y descongestionados.
Gregorio Arroyo Hernansanz recuerda en esta columna que el CGPJ se pronunció en apoyo de la democracia aquel 23-F, cuando el desenlace no estaba asegurado.