Está procesada por un presunto delito de desobediencia grave, mientras que a Jové y Salvadó también se les atribuyen los presuntos delitos de prevaricación y malversación, ha informado el TSJC.
Destaca que el recurso al insulto y la descalificación de los profesionales de la abogacía en el ejercicio de sus funciones no es ni será nunca el camino para solucionar un problema de cuya generación son ajenos. .
Considera que el precepto incluido en la Ley de Educación de 2020 puede infringir varios artículos de la Constitución y ocasionar “un trato discriminatorio” a estos centros.
