Esa reducción se habría realizado sin procedimiento administrativo, por lo que presumiblemente causó un quebranto económico superior a los 10 millones.
Por delito de cohecho, en relación con la presunta contratación del comisario jubilado para llevar a cabo una investigación a la sociedad suiza Eólica Dobrogea.
También rechaza la petición subsidiaria que reclamaba al Supremo dirigirse a la presidenta del Congreso de los Diputados en relación a la ejecución de la sentencia.
Les exhortan "a que se abstengan de llevar a cabo actuaciones que menoscaben el prestigio de las instituciones, especialmente la independencia judicial y, por el contrario, contribuyan al reforzamiento de éstas desde los puestos de responsabilidad que ocupan".
