Estima la demanda interpuesta contra la decisión del Instituto Nacional de la Seguridad Social que le había concedido la incapacidad permanente absoluta.
Reclama que desde un medio público se eviten este tipo de situaciones, porque "se corre el riesgo de que se dé alas a los violentos y se les incite a apedrear a guardias civiles".
Entiende que "destinar dinero público a defender a funcionarios o políticos que han cometido ilegalidades manifiestas constituye un supuesto claro de prevaricación y malversación de caudales públicos".
Esta cifra da muestra del peso que tiene el Estado en la actividad de las Big Four en un momento en el que está sobre el tapete la prohibición de que puedan pujar por contratos públicos.
