La acusa de una “difamación general y gratuita” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "con ánimo deliberado, para tratar de dañar la imagen, prestigio y honradez de todos sus miembros".
La Sala afirma que "los datos de mortalidad por el Covid hacen palidecer cualquier intento de justificar los legítimos derechos económicos y empresariales".
Plantea impedir o limitar el regreso a la función judicial de jueces en cargos políticos y hacer inelegible para el cargo de fiscal general del Estado o vocal del CGPJ a quien haya tenido vínculos políticos en los últimos 10 años.
Estima sendos recursos de VOX y la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege y acuerda la continuación del proceso hasta el esclarecimiento de la presunta administración desleal.
