Por presuntamente haber engordado las cuentas de la compañía en 2017 mediante prácticas irregulares que habrían supuesto un incremento ficticio de casi 52 millones.
Denuncia que el Anterproyecto de la Fiscalía Europea rezuma "desconfianza" hacia el fiscal investigador supedita su actuación a la constante “tutela” o “supervisión” del juez de garantías.
Afirma que el CGPJ está "perjudicando gravemente" el interés público, que exige cubrir las vacantes, así como los legítimos intereses de los candidatos.