La Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno reclama esta medida para completar la partida de un millón de euros aprobada por el ICAM.
Esta medida, según el Ejecutivo regional, supondría limitar el movimiento de 180.000 personas que trabajan en obras privadas en la Comunidad de Madrid.
Señala que el Colegio ha hecho un "enorme esfuerzo" con las medidas extraordinarias acordadas, por valor de un millón de euros, "considerando su patrimonio y su presupuesto".
El fiscal del Tribunal Supremo Manuel Dolz Lago, exsecretario de Estado de Justicia, será el encargado de recabar información y dirigir las actuaciones.
La Conselleria de Justicia habilita un servicio de atención telefónica para consultas sobre protección de la salud de los presos y la entrega de paquetes.