La Fiscalía pide para el autor material de los disparos 23 años de prisión; mientras que para los otros dos, que considera coautores de un delito de asesinato, reclama 17 y 18 años de cárcel.
El denunciante, Federico Rettori, extrabajador de la fundación, dice en su escrito a la justicia que se desvió dinero de proyectos sociales y que la institución se usa para "encubrir fines de carácter mercantil"
