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La asociación progresista JJpD, en contra de la decisión del Supremo sobre la exhumación de Franco

Dice que "confirma la incapacidad de la justicia española para perseguir los crímenes de la dictadura y reparar a las víctimas de las atrocidades que se cometieron"A esta asociación, de la que es portavoz Ignacio González Vega, le parece "insólita por la argumentación que desarrolla". Foto: Carlos Berbell
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La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) critica la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente la exhumación de Francisco Franco, que estaba prevista para el próximo lunes, tras solicitar esta medida la familia Franco, la Fundación Francisco Franco, la comunidad Benedictina en Cuelgamuros y la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos en sendos recursos.

JJpD considera que esta decisión «confirma la incapacidad de la justicia española para perseguir los crímenes de la dictadura y reparar a las víctimas de las atrocidades contra la vida y los derechos fundamentales que se cometieron».

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La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha manifestado después que piensa «exactamente lo mismo».

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La asociación Juezas y Jueces para la Democracia, de la que es portavoz Ignacio González Vega, ha lanzado hoy un comunicado en el que «lamenta» dicha decisión, tomada ayer por el tribunal de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, Sección Cuarta, que, por unanimidad, «ha suspendido con carácter cautelar el acuerdo del Consejo de Ministros para la exhumación de los restos del dictador Franco«.

Fue acordada por los magistrados Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, Celsa Pico Lorenzo, José Luis Requero Ibáñez, Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo, y Pablo Lucas Murillo de la Cueva, que fue el ponente del auto.

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La razón en que descansa su decisión es la de «evitar el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan».

Para JJpD, la decisión es «insólita por la argumentación que desarrolla».

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Dice que el tribunal «afirma, sin ofrecer explicación alguna, que si se estimase la demanda y se anulase el acuerdo del Gobierno para la exhumación y esta se hubiera realizado, aunque no fuese materialmente irreversible, sería perjudicial para la familia y para el interés público, incluso señala que habría coincidencia entre estos intereses». «Algo incomprensible», apunta JJpD.

También destaca en el escrito que «los restos del dictador se encuentran enterrados en un inmueble de titularidad estatal, lo que lo convierte en asunto esencialmente público».

Asimismo, Juezas y Jueces para la Democracia expone que «el Valle de los Caídos es una construcción ejecutada por presos políticos mediante trabajos forzados, que se ha convertido en el monumento de exaltación del dictador y de la dictadura, y de olvido y desmemoria de sus crímenes».

A esto añade que en el Valle «sólo figuran su nombre y el de un jefe fascista», mientras que «los restos de miles de víctimas de la represión son anónimos y fueron allí llevados sin contar con la voluntad de sus familiares».

JJpD destaca que «la exhumación de los restos mortales del dictador es una medida que expresa el interés general de protección a las víctimas de la dictadura, mediante esta forma de reparación moral y simbólica, para poner fin a la obligada convivencia del máximo perpetrador y de sus víctimas en un lugar religioso, creencia que muchas de las víctimas no profesaban».

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Además, resalta que «es un requerimiento de la legalidad internacional en materia de derechos humanos, como han puesto de manifiesto diversos organismos y actores del sistema de Naciones Unidas, que han solicitado a España la exhumación».

Esta asociación progresista de jueces también considera «insólita» la resolución del Supremo «por el tratamiento que otorga al dictador, a quien considera jefe de Estado sin otra connotación».

«De un aparato estatal de facto, surgido de la violencia, no sometido a la legalidad y no homologado en la Comunidad Internacional de su época. Tanto tiempo después de la Constitución y de la promulgación de la Ley de Memoria Histórica, y dos años después de la proposición no de ley aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados sin votos en contra instando al Gobierno a exhumar los restos del dictador para sacarlos del Valle de los Caídos, parece mentira que el Tribunal Supremo manifieste esa falta de sensibilidad y de respeto hacia el principio democrático y el principio de legalidad», añade.

Por último, manifiesta que «parece un sarcasmo la protección cautelar y urgente del interés familiar del dictador frente al desentendimiento y abandono del Estado a los familiares de tantas víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que todavía esperan Justicia y reparación».