La Directiva no entra en el debate de su laboralidad. Los Estados miembros tendrán un plazo de tres años para adaptar su legislación a la nueva regulación
Empresarios y autónomos creen necesario que el nuevo gobierno apueste por un régimen sancionador para administraciones públicas y empresas de gran volumen, malos pagadores
Ya es una realidad. La Directiva de Protección a los Denunciantes de Corrupción (conocidos en inglés como "whistleblowers") se convertirá en ley en dos años
