Se trata de una modalidad voluntaria y reversible, y los funcionarios que opten por él tendrán garantizados los mismos derechos y obligaciones que los que acudan a su puesto de manera presencial.
La firmó ayer el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y ha sido remitida a las direcciones generales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para su traslado a los agentes.
Contempla la supresión de los juzgados que han venido ejerciendo estas funciones y su sustitución por las oficinas generales del Registro Civil, de la que se ocuparán funcionarios.
Califica de “indigno y humillante” que se siente a negociar con la izquierda abertzale "cuando una de sus condiciones es impunidad para los presos de ETA".
