Todas ellas en juzgados de instrucción de la Comunidad de Madrid, salvo de la presidenta regional que se investiga en el juzgado de Instrucción 1 de Rubí.
"Cobraban entre 500 y 3.000 euros, dependiendo de la capacidad económica del cliente o de la relación que tuvieran con los miembros de la organización", informa la Policía
