Afirma que la exigencia de incomunicación en declaraciones que duran varios días es "ilusoria", pero se subsana con las reglas de valoración de la prueba.
Lo acusa de ofrecer prebendas personales y profesionales a una concejal de UPyD a cambio de favorecer su investidura como regidor o de apoyar algunos proyectos municipales.
Los abogados de la asociación de víctimas creen que la utilización de ese criterio comporta una limitación del principio de reparación integral del daño.
