Ha abierto 21 diligencias de investigación a raíz de las denuncias presentadas por la ocupación ilegal de otros tantos inmuebles de titularidad pública que deberían estar siendo utilizados por familias en situación de vulnerabilidad.
En 2018, el alto tribunal valenciano declaró la nulidad parcial del decreto que establecía el modelo lingüístico educativo valenciano y regulaba su aplicación en las enseñanzas no universitarias.
