El antecedente del caso Javier Gómez de Liaño, indultado por el Gobierno conservador de José María Aznar, muestra el camino: la inhabilitación especial de 2 años impuesta por el Supremo a Álvaro García Ortiz, es indultable.
Un juzgado de Madrid obliga a la Universidad de Alcalá a reconocer la validez del TFM que un alumno defendió en 2016 pese a no haber aprobado aún todas las asignaturas.
Aunque todas ellas pidieron penas de 3 a 6 años de cárcel para el fiscal general del Estado, los 2 años de inhabilitación consiguen el objetivo: apartarlo de la FGE.
