El TSJ de Extremadura ordena demoler todo lo que esté en fase de construcción, pero no lo ya construido y en funcionamiento por no afectar al medioambiente.
El de su suegro y el de un amigo de su esposa, a la que asesinó en 2016, crimen por el que estaba en prisión preventiva cuando ocurrieron los hechos y por el que en 2018 fue condenado a 25 años.
El Tribunal Supremo afirma que este tipo de vehículos cuentan con un trato fiscal más favorable que sería superior a la ayuda que se les pudiera otorgar.
Considera que en la obtención de las mismas, por un total de 4.915.068 euros, “se infringieron las normas relativas a los presupuestos para su obtención y las referentes a la justificación de gastos”.
