El afectado era funcionario de la Escala Superior del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y ocupaba el cargo de jefe del Área de Experiencia Operativa.
Por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible para un funcionario público, descarta el de organización criminal.
El juez instructor alega la necesidad de pericias complejas y práctica de actuaciones en el extranjero que hacen que la prórroga sea "necesaria" y esté "plenamente justificada".
La Fiscalía pide 10 meses de cárcel por lesiones, mientras que la acusación particular reclama 10 años por lesiones, tentativa de homicidio y denuncia falsa.
