Los acusa de la presunta comisión de un presunto delito contra los Derechos de los Trabajadores y otros dos por homicidio imprudente y lesiones por imprudencia.
Acusa a la Consejería de Interior del Gobierno Vasco de "infringir gravemente" la Ley vasca de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo.
Joan Manuel Parra admitió ante un juzgado de Barcelona haber cobrado trabajos realizados a la extinta CDC en la campaña electoral de 2010 con facturas giradas a una productora audiovisual.
