La Audiencia Provincial de Madrid considera acreditado que lo sustrajo para presionar y exigir dinero a su propietario, el presidente de ‘El cobrador del frac’.
Los fondos con los que se pagó la indemnización a Tomás Cavanna, públicos en su origen, "se integraron en el patrimonio de la Fundación y eran privados, por lo que no podía ser objeto de delito de malversación".
