La Audiencia Provincial de Ourense condena a 3 años de prisión a una “mula bancaria” y aclara que facilitar una cuenta para un fraude de phishing constituye estafa informática y no blanqueo de capitales.
El Supremo ha solicitado al Parlamento Europeo un suplicatorio para investigar al eurodiputado por un presunto delito de acoso a dos excompañeros de SALF.