El tribunal considera que la empresa no acreditó razones organizativas o productivas que justificaran rechazar la adaptación solicitada y confirma una indemnización de 6.000 euros por los perjuicios causados.
La resolución recuerda que los registros de actividad, logs y grabaciones de un trabajador pueden formar parte de sus datos personales, incluso cuando se hayan utilizado en un despido.
El magistrado sostiene que la exmilitante socialista habría contado con el «impulso y soporte intelectual y/o financiero» del ex secretario de Organización del PSOE.
