Pere Aragonés se encargaría de la financiación en el exterior y del Banco Central de Cataluña, y sobre Josep Lluis Salvadó recaería la gestión de impuestos.
La de Torra la han presentado ante la Fiscalía, por un presunto delito de desobediencia; y la del expresidente catalán y sus consejeros, ante el Tribunal de Cuentas, para que reintegren con su patrimonio los gastos del 1-O.
Siente "algún recelo" respecto a los desplazamientos que los menores puedan hacer a España, pero reconoce que son "muy restrictivos a la hora de poder plantearlos".
Lo han dicho en el juicio por el proceso independentista dos de los guardias civiles que se encargaron de analizar los correos de la exconsejera de Trabajo catalana.
Ciudadanos presentó ayer una denuncia contra Buch ante la Fiscalía, en la que pidió que investigue si el consejero ha cometido malversación continuada por presuntamente destinar a un asesor como escolta en un país extranjero contra el criterio del Ministerio del Interior.