El Juzgado de lo Social número 33 de Madrid ha declarado nulo el despido de una mujer que se ausentó de su puesto de trabajo para acudir a un juicio como víctima de violencia de género, de forma que ahora la empresa tendrá que readmitirla en su puesto y abonarle los salarios que dejó de cobrar.
Defensa ha trasladado a la Justicia militar la denuncia de una soldado del acuartelamiento aéreo de Bobadilla (Málaga) sobre una supuesta violación grupal que habría tenido lugar el pasado 11 de diciembre. Una denuncia que también investigan los juzgados 1 y 2 de Antequera.
Tras 28 meses en prisión, el empresario hispano-ruso Vladimir Kokorev, investigado como presunto testaferro del dictador guineano Obiang, ya se encuentra en libertad sin fianza en su vivienda en Las Canteras a la espera de juicio, que se podría dilatar en el tiempo, dado que la investigación aún no ha concluido.
El Servicio Canario de Salud (SCS) deberá pagar 52.774 euros a una familia de Fuerteventura por la muerte de una paciente con epilepsia desde niña a la que no realizó todas las pruebas que precisaba -y que podía hacer sus hospitales- para diagnosticar de forma adecuada sus problemas.
El juzgado nº 4 de Alcobendas (Madrid) ha anulado una cláusula multidivisa por “incumplimiento grave” en el deber de información de la entidad. En opinión del magistrado tal incumplimiento provocó un daño real.
Una juez ha anulado las plusvalías cobradas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a una vecina que había heredado diez inmuebles de su abuela sin necesidad de que la afectada acreditara que esas propiedades no se habían revalorizado, un trámite que el fallo cree innecesario.
