El fiscal delegado de Protección de Datos respalda que García Ortiz podía borrar la información de sus dispositivos al ser responsable de su tratamiento, en plena vista por la presunta revelación de secretos.
Sentencia pionera en Barcelona exonera más de 220.000 € de deuda pública a un deudor vulnerable, inaplicando el límite legal al crédito público y reforzando la segunda oportunidad.