La investigación busca aclarar si Cristina Álvarez, funcionaria en Moncloa bajo las órdenes de Begoña Gómez, realizó trabajos privados para ella, lo que podría constituir malversación de fondos públicos.
El magistrado Leopoldo Puente considera que todavía persiste un riesgo real de destrucción de pruebas, de ahí la denegación de la puesta en libertad de Santos Cerdán.
