50.000 farmacéuticos y dermatólogos de toda España han recibido una carta de ISDIN explicándoles que OCU se ha negado a rectificar “pese a toda la documentación científica aportada".
La sentencia del Tribunal Constitucional declara que la condena en casación, basada en una revaloración de pruebas personales sin contacto directo con las fuentes de prueba, vulnera los derechos del acusado.