La sentencia dictada detalla que el Ayuntamiento de Madrid debe llevar a cabo la limpieza del Arco y su entorno inmediato, mientras que la Comunidad Autónoma de Madrid está obligada a realizar una rehabilitación completa del monumento.
Aunque se presentaron informes médicos y forenses que sugerían que la demandante sufría de trastornos psíquicos reactivos al entorno laboral de Iberia, el tribunal considera que estos diagnósticos, por sí solos, no son suficientes para demostrar la existencia de acoso laboral
