La Fundación ha articulado su defensa sobre tres ejes: la caducidad del procedimiento administrativo, la ausencia de cobertura legal suficiente para acordar la extinción y la vulneración del derecho de defensa.
La Audiencia Provincial de Barcelona legitima el uso de los MASC para la agilización de la justicia, pero no puede impedir el derecho a la tutela judicial efectiva.
El Tribunal Supremo avala cambiar permisos laborales para adaptarlos al Estatuto de los Trabajadores al considerar que no supone una pérdida real de derechos.
