En España, según los datos facilitados al Senado en 2010, se estima que hay cerca 1.700.000 préstamos hipotecarios que, entre su prolijo clausulado, albergan la imposición al usuario de condiciones referidas al límite de variaciones del interés variable: las denominadas cláusulas suelo.
Lo que supone que una de cada tres hipotecas concertadas han incluido esta controvertida condición, con el resultado de un generoso beneficio para la entidad financiera en perjuicio del usuario.
Europa ha dado la espalda de manera vergonzosa al inconmensurable drama social de la inmigración.
No ha sabido contemplar ni las lágrimas compartidas que brotaban de la mayoría de sus ciudadanos ante la tragedia de tantos semejantes ni buscar otros valores sociales que no cupieran en la acuñación del euro.
Hoy también Europa, a través de su abogado general, ha dado la espalda a los consumidores, al alinearse con la banca para evitar la devolución de las cantidades indebidamente arrebatadas a miles de familias como consecuencia de la imposición de la cláusula suelo.
Ha vuelto a ignorar la angustia, en este caso económica, que ha sumido a miles de familias aduciendo como argumento “las consecuencias macroeconómicas” que esa justa restitución podría tener, acogiendo al envenado amedrentamiento de la banca.
EL ARGUMENTO DEL TJUE
El argumento del Tribunal Supremo, que hoy reproduce el abogado general de la TJUE resulta impropio de unos juristas de talla colosal como son sus autores.
Retorcer la legalidad en perjuicio de los miles de consumidores afectados y en beneficio de la banca con un argumento como la salvaguarda del orden público económico supone despreciar miserablemente las penurias que padecen tantas de estas familias en su orden privado económico.
No existe conflicto de orden público económico cuando se rescatan entidades privadas con dinero público, ni tan siquiera cuando se abonan casi 90 millones de euros de indemnización a un directivo condenado, pero ello constituye un muro insalvable si se trata de que Juan, María, Antonio o Lucía que apenas llegan a fin de mes puedan recuperar lo que les ha sido cobrado ilegalmente durante años y así alivien su situación económica.
Tampoco existió conflicto de orden público económico en los miles de ejecuciones hipotecarias que han despojado a tantas familias de sus hogares con una liquidación de deuda inflada por la aplicación de la cláusula suelo.
Algunas de estas entidades han informado a mayor escarnio del reparto de multimillonarios dividendos a sus accionistas, otras de la mejora de sus posiciones merced a la colocación de participaciones preferentes a cientos de miles de ahorradores, en la mayoría de los casos, a nuestros mayores que se privaron del menor capricho por la prosperidad de sus hijos.
Efectivamente, permitir estas injusticias es una cuestión que puede alterar el orden público, pero no el económico como sostiene el Tribunal Supremo.
No puede premiarse a las entidades que impusieron una cláusula abusiva que ha sido calificada como “engañosa” y “enmascarada” sin la asunción del coste económico por su conducta abusiva y hacer recaer dicho coste o carga económica en el consumidor cliente, castigando a la parte contratante que ha sido inocente, y cuya buena fe ha sido sorprendida por aquélla entidad.
El agresor es quien ha obtenido un beneficio durante la vida del contrato, debido a su mala fe y engaño, y no obstante, se le concede un premio, de hecho, declarando la irretroactividad de la cláusula declarada nula.
No puede protegerse a las entidades financieras que han empleado cláusulas suelo de manera poco transparente.
Es impropio declarar que la víctima de una agresión sea obligada a asumir, en todo o en parte, el coste económico que conlleva la reparación de las lesiones, daños y perjuicios sufridos por dicha agresión.
En la Europa en que creía era una Europa social y defensora de la justicia.
Volvemos a la Europa del carbón y del acero, la de la moneda única y libre circulación de mercancías.
No es esta la Europa que soñamos sus ciudadanos.
