La declaración no unánime del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras el último Pleno celebrado en San Sebastián, en la que expresba «su preocupación por la pérdida de derechos de los jueces en materia de permisos y retribuciones”, llega tarde y parece que no va con ellos, según han declardo a Confilegal los representantes de las 4 asociaciones de jueces.
Los cuatro representantes de las asociaciones de jueces coinciden en que la declaración publica del CGPJ ha venido provocada por la reunión prevista para el próximo 5 de julio, a las 9.30, con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la que abordarán el temas de las retribuciones, los permisos y el expediente digital.
En lo que parecía un intento del órgano de gobierno de los jueces de unirse a las asociaciones para ganarse el favor de los 5.500 jueces y magistrados en un momento de críticas múltiplicadas por la implementación del Plan de Urgencia y la puesta en marcha de los Juzgados de cláusulas suelo provinciales, criticado duramente por la carrera y por la abogacía. Un intento que conllevaba echar las culpas al Ministerio de Justicia.
Este no es un Consejo resolutivo
«El CGPJ debería conocer a la perfección los problemas que tenemos en la carrera judicial. Debería haber reivindicado eso mucho antes. Y ahora, cuando lo ha hecho, parece que no vaya con ellos. No son creíbles», afirma Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia.
«¿Que por qué creo que se ha producido esa declaración? Sin duda, para dar la impresión de que tienen iniciativa, como actor político de primer magnitud, y por la reunión prevista con el Ministerio. Pero es sólo pura apariencia. Éste no es un Consejo resolutivo. Prometieron que los nuevos módulos de cargas de trabajo estarían para principios de 2016 y estamos a mediados de 2017. Y no olvidemos que las asociaciones recientemente presentamos una demanda por conflicto colectivo», señala.
El CGPJ, hoy por hoy, no sirve para nada
Raimundo Prado, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, recuerda que «En una de las recientes reuniones que mantuvimos con la Comisión Permanente del CGPJ les planteé: ¿Qué ha hecho el CGPJ por los jueces? Ninguno de sus 8 miembros me respondió. Por eso no tiene mucho sentido que ahora traten de ponerse al frente de la manifestación, como parece que es su intención con esta declaración».
«Digamos las cosas claras: El CGPJ, hoy por hoy, no sirve para nada. Sólo para realizar nombramientos, que se ven contestados como se ven contestados, y para la inspección. Nada más. A veces me pregunto por el legado que va a dejar cuando termine su mandato, en diciembre de 2018. Me temo que va a ser el primero de la historia que no va a dejar nada», agrega.
La declaración es un paso insuficiente
Para Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, «El reconocimiento de la situación de malestar y de sus causas es un primer paso, pero insuficiente. Primero porque no va acompañado de la adopción de las medidas que dependen del propio CGPJ, y segundo, porque, me temo, que ha llegado tarde».
«Los jueces solo queremos poder ejercer nuestra función con condiciones profesionales dignas y que nos permitan ofrecer una tutela real y efectiva de los derechos de los ciudadanos. El CGPJ tiene la obligación institucional y moral de garantizar tales condiciones en beneficio de los ciudadanos y de los propios jueces que se dejan la piel día a día para resolver los problemas de la gente, y no lo hace», añade el presidente de la APM.
No han contado ni cuentan con nosotros, jueces y magistrados
Concepción Rodríguez, presidenta de la gestora de Foro Judicial Independiente, tampoco entiende la declaración institucional de ayer, si no es con el objetivo de chupar plano.
«No tiene ningún sentido. No están cumpliendo su principal función como órgano de gobierno de la carrera, por un hecho muy simple: no han contado ni cuentan con nosotros, jueces y magistrados. Viven en un mundo paralelo que nada tiene que ver la realidad del nuestro. Una prueba de ello es la puesta en marcha de los Juzgados de claúsulas suelo, que está siendo un fiasco, pero también el retraso en la elaboración de los módulos de cargas de trabajo, la interpretación de los permisos de paternidad para los padres o la suspensión de las adscripciones», relata Rodríguez.
Para Foro, el problema que padece al CGPJ es estructural: «Los 12 vocales de procedencia judicial tienen que ser elegidos por nosotros. Porque es muy diferente su conducta, como lo prueban los miembros de las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, que son elegidos por la carrera, lo mismo que los jueces decanos, en comparación con los vocales escogidos por el parlamento o los presidentes de TSJ o de Audiencias Provinciales, que son elegidos por el CGPJ. Esto hay que solucionarlo».
