Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) denuncia que los recientes nombramientos del Tribunal Supremo «no se ajustan a los principios de mérito y capacidad», sino a «intereses ajenos a la función jurisdiccional». «Son claros ejemplos de puertas giratorias ya que han recaído sobre personas que han ostentado cargos políticos del Partido Popular, partido al que ha estado vinculado el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes«.
Lesmes fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia desde 2000 hasta 2005, es decir, en el último Gobierno de José María Aznar, con Ángel Acebes y José María Michavila como ministros.
A través de un comunicado JJpD sostiene que «Fernando Román, amigo íntimo de Carlos Lesmes, fue Secretario de Estado de justicia bajo el mandato del Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón y el que diseñó el actual modelo del CGPJ con un corte claramente presidencialista que favorece ostensiblemente a Carlos Lesmes».
Román, actualmente destinado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, fue elegido este jueves por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por diez votos, nuevo magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en la que ocupará la vacante correspondiente al turno de especialistas producida por la jubilación de Pedro José Yagüe Gil.
JJpD no hace ninguna referencia al hecho de que la vocal Mar Cabrejas, miembro de su asociación, votó por Román.
Respecto a Vicente Magro Servet, elegido ese mismo día como magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo, indican que «fue senador por el Partido Popular en la Comunidad Valenciana (Alicante), donde los casos de corrupción vinculados a dicho partido son y han sido una constante, como se evidencia en el juicio seguido actualmente en la Audiencia Nacional».
Y subraya que «Parece que el perfil que se busca para cubrir las vacantes en la Sala Segunda del Alto Tribunal es el de candidatos de perfil conservador. Ello aumenta las sospechas de interferencia en procesos judiciales presentes o futuros de los que conoce o conocerá el Tribunal Supremo».
Tal y como recientemente ha señalado la Comisión Europea en su informe sobre el estado de la justícia en los países de la UE, hasta un 58% de la opinión pública española tiene una imagen “mala” o “muy mala” sobre la falta de independencia judicial, percepción que es consecuencia directa de las “interferencias y presiones del Gobierno y sus políticas”.
Asimismo sostienen que «el CGPJ vulnera con los últimos nombramientos su propia política de transparencia al no publicar los currículum de los candidatos impidiendo así que la ciudadanía pueda comprobar si dichos nombramientos responden a los principios de mérito y capacidad«.
Tampoco JJpD hace ninguna referencia a la división del voto provocado en el grupo progresista de vocales por la vocal Mar Cabrejas ni al hecho de que tanto Lesmes como el vocal Mario Macías -del grupo conservador- votaron con ella en apoyo de Javier Hernández, también de JJpD.
