La procuradora María Ángeles Rodríguez, representante legal de Ángel Curras Fernández, exalcalde de Santiago de Compostela, investigado desde 2013 -hace 5 años- en la supuesta trama de corrupción conocida como «caso Pokemon», ha dejado constancia por escrito de que no ha podido consultar las actuaciones que se suponía que tenían que estar Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, del que es titular la magistrada Pilar de Lara, porque «no se hallan físicamente en el Juzgado».
Según explica en un escrito dirigido a la magistrada por la procuradora, ésta le informa de que ha tratado dos veces -el 27 de febrero y el 8 de mayo de 2018- de tener acceso a las actuaciones de las diligencias previas 335/2014, pero que le ha sido imposible.
Le han dicho que «los tomos de las actuaciones en las que se encuentran los folios que le interesaba consultar, no se hallan físicamente en el Juzgado; dado que habían sido trasladados fuera del mismo, para su digitalización; no estando previsto que ésta finalizase hasta junio, fecha hasta la cual, tampoco podría consultarlos».
Aunque no se hace mención expresa a ello, tiene muy presente que si es así se podría haber roto la cadena de custodia de los documentos, que corresponde a la magistrada y al letrado de la Administración de Justicia, lo que podría ser objeto de causa de nulidad en el procedimiento.
En el escrito, que tiene por fecha 16 de mayo, y al que ha tenido acceso Confilegal, Rodríguez le dice a la magistrada De Lara que «Ello supondrá una prolongación de la anómala demora ya acumulada en el acceso a las actuaciones que tenían que dejar de ser secretas para las partes, el pasado 21/02/2018; provocando que de facto, el secreto se prolongue tres meses después de lo que la Audiencia ordenó».
«Lo que constituye una vulneración de los derechos fundamentales de mi mandante, de defensa, a un proceso con todas las garantías y sin dilaciones indebidas, que garantiza el artículo 24 de la Constitución Española», que garantiza la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, continúa.
Las actuaciones habían sido declaradas secretas pero la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo decretó su levantamiento desde el 21 de febrero.
De ahí que la procuradora subraye que han pasado tres meses y que, de hecho, el secreto ha continuado al no haber podido tener acceso a las mismas, por lo que solicita que se les facilite el ejercicio de su derecho.
En una información que Confilegal publicó el pasado 21, y cuyo enlace aparece sobre estas líneas, fuentes oficiales del poder judicial en Galicia aseguraban que las causas se digitalizan en el Juzgado y que no salían de ese órgano judicial.
