En la foto grande, Vladimir Kokorev; en la pequeña el abogado y magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional, José Antonio Choclán, autor del escrito en el que pide el archivo definitivo de la causa contra su cliente.
El abogado de los Kokorev acusa a la Policía de manipular pruebas y pide el archivo de la causa
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18/7/2018 06:15
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Actualizado: 17/7/2018 16:11
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José Antonio Choclán, el abogado del ciudadano ruso, Vladimir Kokorev, acusa a la Policía de manipular pruebas durante la investigación y solicita a la magistrada del Juzgado de Instrucción 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ana Isabel Vega, el archivo definitivo de la causa porque considera que no existen hechos punibles.
«Hemos denunciado y acreditado pericialmente, que los soportes electrónicos de donde se habrían extraído las ‘evidencias’ que fundamentaron los Informes policiales presentados al Juzgado, han sido indebidamente manipulados por la policía, o, cuando menos, se han explorado sin adoptar ninguna cautela para la preservación de la prueba y destruyendo la misma a efectos procesales, entre otras irregularidades», dice Choclán, magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional, en su escrito, al que ha tenido acceso Confilegal.
La familia Kokorev (Vladimir, Yulia Maleeva e Igor), clientes fueron detenidos en Panamá en 2015 y extraditados a España por blanqueo de capitales, después de una larga e intermitente investigación que se inició en 2008, tras una querella interpuesta por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE).
Los tres, padre, madre e hijo, fueron acusados de ejercer de supuestos testaferros del dictador guineano, Teodoro Obiang Nguema, y de supuestamente haber blanqueado 26,4 millones de dólares suyos.
Por ello, la familia Kokorev ha estado más de dos años en prisión preventiva.
INVESTIGACIÓN PROSPECTIVA
«Desde que las defensas tuvieron acceso efectivo a los medios de prueba, se han presentado una serie de escritos poniendo de manifiesto algunas de las graves irregularidades de las que adolece esta instrucción. Estas han sido confirmadas en el curso de las declaraciones de los agentes de la UDYCO el 8 de mayo de 2018», afirma Choclán.
«Lo que ha trascendido de estos interrogatorios es la ausencia de hecho punible y que la fuerza actuante, partiendo del objetivo de ‘certificar’ (término empleado por la Subinspectora del Grupo I de la UDYCO) la ilicitud de las transferencias recibidas por Kalunga [la empresa de los Kokorev], ha estado recurriendo a una investigación prospectiva sobre nuestro representado y su familia con la finalidad de poder asociarlos con alguna actividad ilícita que permita justificar la instrucción ex post. Es esta una instrucción policial cuyo fin último es perpetuarse en el tiempo y justificar su propia existencia desde el momento mismo de su incoación», añade.
De acuerdo con el exmagistrado, a lo largo del procedimiento se han vulnerado repetidas veces los derechos fundamentales tutelados por el Convenido Europeo de Derechos Humanos.
Y avanza que «antes de iniciar el proceso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos» ha presentado el correspondiente escrito solicitando la declaración de infracción del Convenio y la indemnización por los daños sufridos.
El sumario fue declarado secreto durante 3 años y 10 meses, entre el 8 de abril de 2013 y el 23 de febrero de 2017, sin que la defensa pudiera conocer nada de la investigación.
UNA QUERELLA SIN BASE FÁCTICA PARA LA INVESTIGACIÓN
Según Choclán, la querella se basó en un informe elaborado en 2004 a partir de la investigación realizada por el Subcomité Permanente de los Estados Unidos sobre el Riggs Bank, con sede en Washington, sobre un sistema de prevención contra el blanqueo de capitales.
En dicho informe se mencionaba que una sociedad llamada Kalunga Company, S.A. [propiedad de los Kokorev] realizaba operaciones comerciales con la Guinea Ecuatorial de Obiang Nguema, y que el Riggs Bank, que gestionaba cuentas de ese país, realizó pagos contra una factura a Kalunga desde una de esas cuentas.
Dichos pagos ascendían a 26,5 millones de dólares y que eran «sospechosos».
«No obstante, el Informe del Subcomité no determinó, ni estableció que Kalunga, o su propietario, estuviesen relacionados con ninguna actividad ilegal. El informe únicamente determinó que el Riggs Bank no cumplió debidamente con su obligación de garantizar que no se blanqueaba dinero en las cuentas que mantenía para sus clientes», afirma Choclán.
Ese informe, avanza el abogado, fue utilizado 11 años después para iniciar el procedimiento penal contra los Kokorev.
«La hipótesis de la fuerza actuante era que Kalunga se había utilizado para blanquear fondos procedentes de supuestos hechos de corrupción atribuibles a funcionarios ecuatoguineanos, sobre los que no se ha aportado indicio alguno a las actuaciones».
Fue en ese informe en el que se basó después la APDHE para interponer la querella en la que afirma que «Kalunga era propiedad del gobierno de Guinea Ecuatorial o bien del presidente y sus familiares. Dicha información es falsa y, contrariamente a lo que insinúa la querella, el Subcomité nunca manifestó tal cosa».
«La querella carecía de fundamentación fáctica para acusar a nuestro representado. Una vez el sumario fue parcialmente accesible, se descubrió un documento que revelaba que este Juzgado era consciente de que la querella no aportaba ninguna base fáctica para la investigación», añade.
SEIS AÑOS DESPUÉS
«Casi seis años después de iniciar la investigación contra nuestro mandante y su familia, sin que fueran notificados de ello o llamados al procedimiento, con manifiesta contravención de la garantía contenida en el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la UDYCO emitió un informe el 15 de abril de 2015 en el que recomendaba la detención de nuestro representado y de miembros de su familia basándose en que los hechos investigados indicaban que estaban implicados en un delito de blanqueo de capitales».
«Ha podido comprobarse tras la declaración de los funcionarios policiales que mi representado y su familia eran ya objeto de investigación en el momento en el que se denegó su personación en la causa, que entonces no se encontraba bajo secreto. Por tanto, se habría investigado con ocultación al investigado», revela Choclán.
«Los agentes de la UDYCO tergiversaron el contenido del Informe del Subcomité, atribuyéndole contenidos que no tiene, y ello quedo confirmado en el curso de las declaraciones de los agentes de la UDYCO el 8 de mayo de 2018», dice.
Y remacha: «Los agentes de la UDYCO recurrieron a extraer afirmaciones realizadas por la Querella de la APDHE –copiándolas, sin comprobar su correlación con el documento original- y atribuirlas directamente al Informe del Subcomité (…), que no leyeron».
Asimismo, el exmagistrado asegura que estos agentes “reciclaron” antiguos informes de inteligencia de SEPBLAC (…) incorporándolos directamente en su informe de 15 de abril de 2015 e incluso en alguna ocasión atribuyendo falsamente su contenido al Informe del
Subcomité».
El abogado de Kokorev, finalmente, dice sobre la investigación policial que los resultados de sus pesquisas no vinculan el dinero con ningún delito, no aportan pruebas de que Kalunga estuviese controlada por Obiang Nguema o personas vinculadas a él, no aportan pruebas de que las propiedades adquiridas se comprasen para Nguema ni que se hubiera llevado a cabo blanqueo de capitales.
PARTICIPACIÓN MENDAZ DEL TESTIGO ISMAEL GERLI
El abogado de los Kokorev también ataca frontalmente la credibilidad y los testimonios de Ismael Gerli Champsaur, abogado en Panamá de Vladimir Kokorev desde octubre de 2001.
Gerli, según el abogado, odiaba a la familia Kokorev y comenzó a colaborar con la Policía española, en 2015, por venganza. Al cabeza de familia lo describió como «jodido judío».
«El Sr. Gerli aprovechó la detención de nuestro mandante, de su esposa y del hijo de ambos en Panamá para usurpar sus bienes inmobiliarios en ese país, iniciándose múltiples procedimientos penales contra él y habiendo sido ya procesado y fijado el juicio para el próximo día 31 de julio de 2018 en una de las causas incoadas», revela Choclán.
Gerli, al parecer, habría recibido dinero de la «justicia española» en los meses entre mayo y junio de 2015 antes de comparecer como testigo en la causa, según el abogado.
«Una vez levantado el secreto de sumario D. Ismael Gerli se ha negado a volver a declarar en sede judicial, esta vez con la posibilidad de examen por parte de la defensa, alegando que así se lo ha aconsejado su abogado en Panamá», avanza.
«Sin mucho esfuerzo, podrá colegirse que el testimonio prestado por el Sr. Gerli no aportaba a la causa indicio alguno de criminalidad que pudiera ser tenido como objetivo».
Del análisis de ese y de otros soportes informáticos los peritos contratados por Choclán concluyeron «La inexistencia total y absoluta de la cadena de custodia respecto de todos y cada uno de los dispositivos, y la manipulación sistemática de forma inadecuada de estos dispositivos por parte de la policía».
El listado de irregularidades en la investigación policial ocupa 5 largos folios, al final del escrito.
El abogado concluye solicitando el sobreseimiento libre o archivo definitivo de la causa.
Y si su señoría decidiera lo contrario, solicita «la expulsión del procedimiento» de las pruebas ilegales. Lo que, dejaría, de la misma forma, sin contenido la instrucción hasta ahora realizada.
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