Han sido 6 años de suplicio público en los que la reputación de Xosé López Orozco, exalcalde de Lugo y uno de los hombres más carismáticos del Partido Socialista Galego-PSOE, se ha visto gravemente afectada por la imputación de supuestamente haber recibido «mordidas», dentro de la llamada Operación Pokemon.
Su carrera política se fue al traste, a consecuencia de ello. Tuvo que renunciar a la Alcaldía en 2015 por culpa de esta imputación, una auténtica «espada de Damocles».
Ahora, sin embargo, ha llegado lo bueno.
El fiscal, Jesús Álvarez, ha solicitado a la Audiencia Provincial de Lugo formalmente el archivo de los cargos contra Orozco.
«No hay indicios consistentes», escribe. «No existe ninguna prueba de que el dinero de empresas de la grúa o de la ORA llegase al que era alcalde de aquellas». «El patrimonio de Orozco corresponde con su profesión».
En resumen: José López Orozco está limpio. Lo que siempre proclamó a los cuatro vientos.
Ahora le corresponde a la Audiencia Provincial de Lugo, en funciones de tribunal de apelación, tomar una decisión final.
El escrito del fiscal lleva por fecha el 30 de enero de 2018.
Lleva, por lo tanto, en poder de la instructora del caso, Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, ni más y menos que seis meses. Lo ha retenido sin razón alguna. Ha tardado 180 días en darle el preceptivo traslado.
Otra irregularidad más a sumar a la pila que ya acumula.
Actualmente el promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, está investigando a fondo (tiene abiertas unas diligencias informativas) a la magistrada cartagenera. Un equipo del Servicio de Inspección estuvo recientemente en su Juzgado estudiando su trabajo durante dos semanas. Y un buen número de abogados han aportado indicios de dichas supuestas irregularidades a Conde, el promotor, que tiene esta «patata caliente» sobre la mesa.
Orozco, una víctima de Pilar de Lara
El «alcalde», como todavía lo llaman muchos de sus conciudadanos, se considera una víctima de Pilar de Lara, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo.
«El Servicio de Vigilancia Aduanera me investigó a mí, a mi mujer y a mis dos hijas. A fondo. Y no encontró aumento de patrimonio alguno en ninguno de nosotros. Nuestros ingresos eran nuestros sueldos. Ese informe dice lo mismo que el fiscal ahora. Y la magistrada no hizo nada. Seguí imputado, hasta ahora», explica López Orozco.
El político socialista tiene muy presente la pesadilla que ha vivido.
«La juez abrió el caso el 5 de abril de 2011. Me imputó el 18 de noviembre de 2012 y me interrogó el 22 de noviembre de ese año, porque yo pedí ir a declarar. Y hasta ahora. Lo que he vivido ha sido una pesadilla. Yo he sido profesor de Filosofía y de Política. Muchas veces he reflexionado sobre lo que debían estar pensando mis alumnos a la vista de las noticias en los periódicos. Por no mencionar a mi familia. Sólo nosotros sabemos lo que hemos pasado», relata con cierto alivio.
Y en referencia a Pilar de Lara lo tiene muy claro: «Yo sé lo que es un tribunal de la Inquisición porque lo he sufrido con ella. Sus interrogatorios han sido durísimos, pero la verdad no parece servirle y alarga todo, sin importarle nada la vida de nadie. Jueces como ella no deberían de existir. Debería haber una vigilancia, una supervisión sobre este tipo de personas para que no puedan arruinar la vida a la gente».
«El desaparecido fiscal jefe de Lugo, que en paz descanse, dijo muy claro en 2014 lo que ahora ha dicho el fiscal del caso: que sobre mí, en esto, no había nada. Estamos a 2018», añade.
El caso
Lopez Orozco fue denunciado por José Luis Álvarez, socio de la empresa Cechalva, que participó en la adjudicación de la grúa municipal, de haber recibido pagos de 2.000 euros y que los realizaba a través del funcionario municipal Javier Reguera, una mordida en la que también participaba el exconcejal de Economía y Urbanismo -y expresidente de la Confederación Hidrográfica del Miño- Francisco Fernández Liñares.
«Álvarez no ofrece datos de primera mano sino que repite los que decía Reguera que era quien se hacía cargo del dinero. Nadie da fe de que se entregase el soborno a Orozco. Nadie afirma que lo presenciase», dice el fiscal Álvarez.
Éste identifica tanto a Liñares como a Reguera en la cúspide de la trama correcta.
«Linares sostenía el poder y Reguera lo ejecutaba en la sombra, aunque con escasa discreción. Ambos buscan el beneficio económico y hay que reconocer que los dos lo consiguieron de sobra», añade el fiscal.
A todo eso fue ajeno el alcalde.
«Reguera recogía físicamente el dinero, daba su porción a Liñares y ahí se cierra el conducto no existe ninguna prueba de que el dinero llegase al que era alcalde de aquella». «El patrimonio de Reguera y de Liñares aumentó considerablemente. El de Orozco corresponde con su profesión al de su familia».
«Después de más de seis años de instrucción no cabe arrastrar a Orozco hasta el final del proceso sin indicios consistentes», remacha el fiscal.
Otros dos casos pendientes que seguirán el mismo camino
A López Orozco todavía le quedan dos casos pendientes. La imputación por el contrato de la ORA a Doal.
Visto lo visto con el de la grúa, es previsible que también se archive.
Y una segunda sobre la construcción de una casa que se construyó en el Plan General, a la que se le rebajó la edificabilidad de 2,5 por metro cuadrado a 1,54, y que no contó con el supuesto permiso de la Consellería de Cultura.
Orozco confía, a pesar de lo vivido, en la necesidad de la política: «¿Que qué le diría a uno de mis alumnos si me preguntara si vale la pena la política? Les diría que indudablemente que sí. La política con mayúscula es necesaria y ahora más que nunca».
Ovacionado por los suyos después de que se conociera la petición de archivo del fiscal
Orozco intervino el pasado viernes ante el Comité Provincial del PSG-PSOE de Lugo para agradecer el apoyo prestado por sus compañeros, una ve que se supo esta petición de archivo de cargos contra su persona por parte del fiscal. Lo que aconteció, a continuación, fue esto:
