Un juez investiga los títulos de derecho de cientos de italianos en la Rey Juan Carlos

El juez de Instrucción número 40 de Madrid, Enrique de la Hoz, ha abierto diligencias previas para investigar una denuncia de la Policía sobre presuntas irregularidades en las convalidaciones de varias asignaturas del título de licenciatura de Derecho de cientos de ciudadanos italianos en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Así lo han informado fuentes jurídicas, que indican que tras recibir la documentación, el magistrado acordó investigar los hechos que tienen origen en una denuncia presentada en 2016 por el Observatorio contra la Corrupción ante la Fiscalía de Madrid por un presunto fraude de la Rey Juan Carlos en la convalidación de los títulos de licenciado en Derecho a más o menos unas quinientas personas de nacionalidad italiana, que podrían haber pagado hasta 11.000 euros.

La investigación es «muy reciente» y aún no se han practicado diligencias, según las mismas fuentes.

La denuncia recoge que el 28 de mayo de 2016 tuvo lugar «un examen o prueba de conjunto a un número muy elevado de alumnos, todos de nacionalidad italiana, con el fin de obtener, al margen del procedimiento de homologación, el título de Licenciado en Derecho».

Señala que así los alumnos italianos podían comenzar su actividad profesional «mediante la simple colegiación en España, es decir, sin someterse a la vigente prueba de acceso a la profesión de abogado».

Con el título de la Rey Juan Carlos evitaban cursar un Máster en Ciencias Jurídicas exigido en Italia para ejercer la abogacía, que cuesta en torno a 18.000 euros, cuando en España solo debían pagar menos de la mitad, según una información de eldiario.es.

‘CASO MÁSTER’

A esta causa se suma la que instruye la juez de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, acerca de las anomalías detectadas en el Máster que realizó la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, y que ha derivado en varias piezas separadas por supuestas irregularidades en los estudios de postgrados cursados por otros alumnos en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, que dirigía Enrique Álvarez Conde.

Además, la magistrada elevó a principios de agosto una exposición razonada al Tribunal Supremo en lo relativo a la pieza ‘C’ del ‘Caso Máster’, reclamando que cite como investigado a Casado, al entender que pudo incurrir en un presunto delito de prevaricación administrativa y cohecho impropio.

Lo hizo ante la sospecha de que Casado, junto a un grupo de alumnas con vínculos políticos o personales con miembros de la universidad, pudieron conseguir el título como “regalo o prebenda sin mérito académico alguno” por parte del director de estos estudios, el catedrático y exdirector del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde.

Rodríguez-Medel investiga a Enrique Álvarez Conde por presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental. Lo considera ‘el urdidor’ del sistema montado en el instituto para dar trato de favor a “un grupo escogido” de alumnos.

La Justicia investiga a Álvarez Conde por las presuntas irregularidades destapadas en el Máster que realizó en 2012 la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes./ EP

Además, el Juzgado de Instrucción número 34 investiga al catedrático por un presunto delito de malversación de fondos públicos.

Según recoge el sumario, este catedrático habría realizado transferencias de dinero “no justificadas” de la cuenta del instituto a familiares.

Un informe policial aportado a la causa señala que Álvarez Conde habría realizado transferencias a sus hijos que suman 27.750 euros, y otras de 20.000 euros en el caso de su yerno y el hermano de éste.

La Policía “va a proceder a la toma de nuevas declaraciones” para averiguar el motivo de esos movimientos de dinero.

Además, supuestamente Álvarez Conde realizó numerosos gastos personales como “compras en comercios, bares, restaurantes, gastos de taxis, compras en Spotify, recibos de Telefónica y Orange” con una ‘tarjeta black’ que usaba con fondos de la cuenta del instituto.

Según declararon el pasado 10 de septiembre ante Rodríguez-Medel las profesoras Clara Souto y Cecilia Rosado, que figuraban como miembros del tribunal que evaluó el Trabajo de Fin de Máster de Cifuentes, Conde era el que “mandaba” en todo y el que decidía quien defendía o no el trabajo de fin de Máster, ya que era “una mera formalidad”.

Explicaron que eran profesoras visitantes sin autonomía académica y que “todo se hacía por la bendición de Conde”.

Rosado también reconoció que se aprobó a algunos alumnos aunque no hubiesen defendido el trabajo final ante un tribunal porque Conde decía que eso era “una mera formalidad”.